El Ministerio Público parece haber adquirido el hábito de filtrar  a los medios de comunicación informaciones relativas a los procesos de investigación bajo su responsabilidad, sobre todo aquellos de alto perfil,  como evidencian las noticias   que inundan  periódicos y noticieros  sobre los planes y andanzas delictivas de la banda de John Percival Matos, acribillado a balazos en un motel de  Bonao, y su “brazo operativo”, Brayan Félix. En otras ocasiones, como en los casos de corrupción contra funcionarios de los gobiernos del expresidente Leonel Fernández,  esas infidencias se usaron para tratar de sensibilizar a la opinión pública, concitar su apoyo, como una forma de neutralizar  presiones provenientes de su propio   gobierno  y el PLD para que cesara el acoso contra los “compañeros”, lo que si bien se consiguió no resultó suficiente ante el blindaje judicial (Yeni Berenice, la fiscal del Distrito Nacional,  lo llama jurisprudencia  de la corrupción) que protege de todo mal a los corruptos de las administraciones peledeístas. ¿Qué se persigue ahora? ¿Que nos olvidemos de Odebrecht y los 92 millones de dólares que pagó de soborno  a  funcionarios dominicanos? ¿Ridiculizar a los organismos de seguridad? Porque lo único  que ha quedado claro  hasta ahora con esas filtraciones  es la incompetencia  (el  director del DNI, Sigfrido Pared Pérez,  fue generoso y lo llamó “descuido”) de las autoridades responsables  de perseguir y apresar a Percival Matos y su banda, empezando por la Policía. Pero también ponen evidencia, esas filtraciones,    las incongruencias  de las acciones y decisiones   del propio Ministerio Público, que podría pagar un alto precio por    el “error”    de hacer pública información  relativa a una investigación todavía abierta y en proceso.