Financiamiento a los partidos

Cobra mayor vigencia en la opinión pública la preocupación que genera la falta de transparencia de algunos partidos políticos al utilizar el dinero que reciben de los contribuyentes; por lo que merece un sólido respaldo ciudadano la decisión de la Junta Central Electoral de paralizar la entrega regular de recursos a las organizaciones que no rindan cuentas de los últimos usos. Es justo decir, sin embargo, que la vigilancia que el organismo aplica y que debe conducir a un estricto cumplimiento, no es suficiente para garantizar que el institucionalizado subsidio a la actividad partidaria cumpla los propósitos de su creación. Se pretende que la asistencia económica estatal construya una suficiencia a los agrupamientos para disuadirlos de procurar financiamientos de sectores interesados y comprometedores y hasta en conflicto con la ley.
Legalmente no existen límites a los aportes privados ni herramientas apropiadas para revisar la captación de recursos de los partidos por gestión propia o por espontánea iniciativa de terceros para lo cual debería existir una supervisión creíble y de absoluto crédito presta a detectar los orígenes y montos de contribuciones; ni están los partidos obligados a revelar los engrosamientos a sus finanzas ni las identidades de los donantes quedando todo aquello bajo la losa de sus secretos, un ocultamiento que en procesos electorales ha de tener las más graves implicaciones.

Debilidades en reglas del juego

Una notable falta de sanciones administrativas y penales está en la raíz de distorsiones en el mercado que restan competitividad a sectores productivos incluyendo el renglón farmacéutico y el comercio de combustibles; un vacío que comenzaría a ser llenado con un proyecto de ley propuesto para la “erradicación del comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados” y que ya está en curso en el Senado con el visto bueno de los inversionistas. Aun cuando se trata de figuras delictivas ya contempladas por la ley, procedería recurrir a un instrumento adicional contra la “cultura de ilegalidad” predominante y tan perjudicial a los negocios formales, la que además resta considerables recursos al fisco a través de una evasión fuera de control, una merma de ingresos que disminuye la capacidad de inversión del Estado.