Al margen de las diferencias filosóficas o ideológicas respecto al tema impositivo y de cuál es el tamaño ideal del Estado, casi todos concuerdan en que los ingresos públicos son necesarios para la financiación de los bienes públicos o sociales.
Las discusiones pueden llegar a diferir sobre lo que se denomina exactamente bienes públicos y hasta dónde llega la responsabilidad del Estado de satisfacer las necesidades de la gente con los ingresos por impuestos en ejercicio de las funciones de asignación y distribución de la hacienda pública. Sin embargo, existe algún nivel de consenso sobre proyectos de interés colectivo.

En el caso local, uno de esos proyectos sobre el cual casi todos estamos de acuerdo en cuanto a su pertinencia es el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, el cual brinda servicios de protección mediante la Policía, bomberos y atención médica de urgencias.

No obstante, desde el punto de vista de las finanzas públicas llaman la atención algunos aspectos respecto a su financiación y por tanto su sostenibilidad.

Las buenas prácticas de las finanzas públicas han promovido en las últimas décadas que todos los ingresos fiscales, y sobre todo los que provienen de los impuestos, sean registrados en el fondo del tesoro (en una cuenta única) y no tengan un destino especial.
De modo que su asignación se realice siempre mediante el presupuesto partiendo de un fondo común, en contraste con la práctica de antaño de crear figuras tributarias para financiar directamente actividades, proyectos o funciones específicas del Estado.

De la práctica de pre-asignar recursos se deriva cierta “inflexibilidad” presupuestaria, que impacta negativamente la eficiencia del Estado. Es decir, dinero recaudado que tiene su destino previsto independientemente de la necesidad o prioridad y por tanto limita innecesariamente el accionar del Estado.

De hecho en el país las leyes de presupuesto anuales se aprueban con artículos que establecen el no cumplimiento de disposiciones que pre asignan fondos.

Es así como, mientras en el párrafo I del artículo 6 de la Ley de Presupuesto del 2018 se muestra una lista de ingresos por un monto de RD$63,553 millones cuyo destino está fijado por leyes y disposiciones especiales y que no ingresarán en el fondo general, incluyendo por primera vez la Tasa para el financiamiento del 9-1-1.
A su vez, en el artículo 22 se indica que los montos establecidos en estas leyes especiales se ajustarán en un monto inferior a los porcentajes que sus respectivas leyes especializan. De esta forma se indica que para las siguientes instituciones se asignaron montos distintos:” Junta Central Electoral (JCE), Congreso Nacional, Poder Judicial, Procuraduría General, Cámara de Cuentas, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ayuntamientos del país, Ministerio de la Juventud, Consejo para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), a las direcciones de Aduanas (DGA) y de Impuestos Internos (DGII) y la Presidencia de la República”.

Es decir, al momento de estructurar el Presupuesto, se asigna lo que se entiende factible a pesar de lo establecido en las respectivas leyes. Y es que si se cumpliera con la asignación según las distintas leyes especiales a ayuntamientos, Poder Judicial, Cámara de Cuentas, UASD, JCE y el monto para la recapitalización del Banco Central, se necesitarían cerca de RD$80,000 millones más de ingresos públicos. A pesar de esta realidad, se optó por el camino de la especialización de fondos en el caso del 9-1-1.

Financiación del Sistema 911. La Ley 184-17 modifica a la Ley No. 140-13 que crea el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, consignando en su artículo 26 que será creada una Tasa para el Desarrollo y Sostenibilidad del Sistema 911, la cual sería pagada por las prestadoras de servicios de telecomunicaciones.
La tasa que debe ser pagada es un monto fijo de US$0.012 por cada minuto de tráfico de voz internacional entrante que termine en sus redes fijas y US$0.028 cuando se trate de mensajes de texto (SMS) internacionales entrantes que terminen en sus redes.
Es decir que ese servicio gratuito para la ciudadanía, requiere financiación adicional con una tasa especial cuyos fondos son para su uso exclusivamente.

Esto no es nuevo. En la región se ha resuelto el financiamiento de los sistemas de emergencia con impuestos especiales o tasas exclusivas en algunos países, pero también otros han optado por utilizar los fondos del presupuesto general. Y el nivel de presión tributaria no parece ser el factor preponderante para decidirlo.

Así, por ejemplo, en Panamá y Costa Rica el sistema para atender emergencias se financia con impuestos especiales a las telecomunicaciones.

Mientras que en Paraguay es una partida más de gasto que se financia a través de presupuestos de distintas instituciones, similar al tratamiento existente en Argentina, Ecuador y México. Al margen de cualquier análisis sobre la naturaleza de este ingreso público, lo que sí resulta curioso es que un proyecto como este, que da legitimidad a la función recaudatoria porque permite asociarla con servicios públicos eficientes, no pueda ser financiado con los ingresos tributarios disponibles.

Varias preguntas pueden hacerse al respecto: ¿cuál es el presupuesto para operar cada oficina del 911? ¿cuál ha sido la inversión? ¿cuánto del presupuesto para operar el 911 cubre el recaudo de la Tasa para el Desarrollo y Sostenibilidad?

Según las cifras públicas, desde la creación del 9-1-1 a finales de 2013 hasta 2018, se han presupuestado RD$14,628 millones. De estos, el 89% corresponde al Ministerio de la Presidencia, procediendo el 82% del Fondo General y el resto de donaciones externas y los ingresos por la nueva Tasa. El 11% restante se distribuye entre asignaciones al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Salud Pública. Para el 2018 se han presupuestado RD$4,416 millones necesarios para financiar tan importante programa, los cuales representan solamente un 0.8% de los ingresos tributarios del 2018. Viendo lo poco que representa de los ingresos, resulta curioso que se requiera de una fuente especial de financiación.

Tasa para la Sostenibilidad del 911. Según el Presupuesto para el 2018, la Tasa para el Desarrollo y Sostenibilidad del Sistema 911 generará RD$2,108 millones, o sea el 48% del presupuesto de gastos estipulados para este Sistema; el resto provendrá del Fondo General del Presupuesto.

Sin embargo, en el primer semestre del año esta Tasa ha generado un 29% menos de lo presupuestado, por lo que de continuar esta tendencia aportaría aproximadamente el 30% de lo que costaría el sistema de emergencia.

La solución: el Pacto Fiscal. Si para proveer un servicio público que es prestado por instituciones centralizadas del Estado se requiere la creación de una tasa o impuesto especial que permita sustentarlo, parece que algo no anda bien. Podría ser que faltan recursos o que sobran proyectos. Al final volvemos al punto de que el Pacto Fiscal es necesario para ordenar las finanzas públicas. Postergarlo solo hará que sea más drástico el ajuste necesario.