La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) calificó ayer como «altamente positivas» y «valiosas» para el estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos en el país, las últimas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la Procuraduría General de la República.

José Alfredo Rizek, director ejecutivo, dijo que la Constitución de la República plantea la libertad como estado natural del ser humano y la prisión como una de las medidas de excepción.

Recientemente la SCJ dispuso, mediante resolución, cambios en los procedimientos en las investigaciones en los juzgados de instrucción y en el conocimiento de los juicios en las Cámaras Penales.

Asimismo, la Procuraduría dispuso que los fiscales y policías no podrán apresar a ninguna persona sin la orden de un juez, salvo en caso de flagrante delito.

Algunos abogados han expresado su temor de que tales medidas se traduzcan en un incremento de la delincuencia en el país.

Empero, el director ejecutivo de Finjus considera que la SCJ y la Procuraduría no han hecho otra cosa que adaptar el mandato constitucional existente, al ordenamiento procesal penal, «saliéndonos de las disposiciones arcaicas del Código de Procedimiento Criminal que se adoptó en el país en el siglo XIX.

Indicó que con las nuevas disposiciones deberán desaparecer las redadas en los barrios y los operativos «centella» y «guaraguo» que hacen la Policía y los guardias.

Asimismo, dijo, tendrán que adaptarse los jueces, los abogados, el Ministerio Público, hasta la sociedad, para saber reclamar sus derechos en el momento adecuado.

Dijo que las disposiciones de la Suprema y la Procuraduría son simplemente una vigencia anticipada de lo que dispone el Nuevo Código Procesal Penal, que entra en vigencia en septiembre del año próximo. Subrayó que toda disposición que beneficie a quien está subyúdice es de vigencia inmediata.

Dijo que quienes se oponen a la aplicación de las disposiciones anunciadas son personas «de mentalidad atrasada».

Manifestó que no se puede seguir pensando que para que haya un proceso tiene que haber una persona presa, «o ese bochorno de condenar a la persona cumpliendo prisión preventiva y quedar condenados moralmente ante la sociedad».

Indicó que el debido proceso manda que no se aprese a las personas, salvo en caso de delito flagrante o que su libertad represente un peligro para alguien más, o de que exista el peligro de que salga del país. » Sólo en esos casos se justificaría la privación de la libertad», precisó Rizek.

Explicó que el nuevo Código Penal establece una serie de penas, siendo la última de ellas la privación de la libertad.

Descartó que las disposiciones contribuyan a incrementar el delito como alegan algunos sectores.

Adujo que pese a lo que se ha dicho, la Policía está en condiciones de acoger las nuevas disposiciones, a pesar de las aprensiones existentes.

Expresó su confianza en que el cuerpo del orden jugará su papel, y advirtió que en caso de no hacerlo, «los derechos humanos estarán siempre en peligro».

Señaló que ahora se precisa de una amplia difusión de estas diposiciones para que la gente conozca sus derechos, y anunció que la Finjus trabaja en ese sentido.

Señaló que la reforma procesal penal precisa de 300 jueces adicionales, por lo que abogó porque se le otorgue un presupuesto adicional al Poder Judicial para que pueda responder a las nuevas demandas.