La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) mostró ayer preocupación por el “agigantamiento” de la nómina pública, cuyas derivaciones, dijo, afectan sensiblemente los recursos disponibles para una serie de servicios sociales que el país requiere con urgencia.
Sostuvo que es inaceptable que de un 30.3% del gasto público que el Gobierno central destina este año al pago de nómina, una parte sea para pagar salarios “de personas que no ejercen ninguna función, o son improductivos, o sus puestos no pueden ser justificados en el marco de una planificación institucional coherente y ajustada”.
Casos Educación y Cancillería. La entidad de la sociedad civil refirió los casos de los ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores.
En Educación, un estudio de auditoría a la nómina arrojó que más de 3,900 “docentes” no estaban ejerciendo ningún tipo de función en el sistema, pero recibían mensualmente sus salarios, según denunció el ministro Andrés Navarro.
“Eso significa la permanencia de graves inconsistencias en el seno de nuestra arquitectura institucional”, afirmó el vocero de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán.
Agregó que una situación similar, pero de menor tamaño, se reveló en la Cancillería, donde se detectaron más de 50 “asesores” directos del ministro, sin que dichas personas tuvieran una trayectoria en el mundo diplomático o de las relaciones internacionales.

Se informó que en comparación con la pasada gestión, lo anterior representa en la Cancillería un aumento de más del 500% en la nómina de asesores.
Una constante. Castaños Guzmán dijo que ese tipo de señalamientos ha sido una constante en el panorama institucional dominicano a lo largo de los años, lo que ha debilitado los esfuerzos para la modernización del Estado en sentido general.
De alta prioridad. Afirmó que el Estado debe profundizar los avances que en materia de función pública se han realizado en diferentes instancias, y los órganos de control de la Administración Pública, continuar las auditorías y diagnósticos para detectar las deficiencias agudas que en esta materia pudieran estar ocurriendo, y ser un punto de partida para la lucha contra la corrupción y el mejoramiento de la gobernabilidad democrática.

“La sociedad dominicana, seriamente afectada por esas debilidades, exige transformaciones estructurales en el sector público para maximizar las capacidades de las instituciones y sus funcionarios”, dijo