La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), llamó ayer al Congreso Nacional a ejercer su rol de fiscalización como mecanismo de control, especialmente de cara a los últimos acontecimientos y solicitudes de intervención de ese poder del Estado en la revisión de contrataciones realizadas.
Le recordó a los legisladores, que la Constitución ha previsto la creación de comisiones con condiciones y límites, para que el Congreso pueda iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público que susciten el interés del Parlamento.
Afirmó que el Senado y la Cámara de Diputados tienen competencias equivalentes para examinar los actos del Poder Ejecutivo en cuanto el manejo de los fondos públicos, “ya que en su control a posteriori están llamados a verificar que los gobernantes cumplan con transparencia, eficiencia y eficacia el mandato otorgado por la ciudadanía, a través del procedimiento democrático en que han sido elegidos como sus representantes”.
La entidad de la sociedad civil agregó que además de sus funciones de representar y legislar, el Congreso Nacional tiene la prerrogativa de fiscalizar el accionar estatal con el propósito de apoyar y fortalecer la ejecución de las políticas públicas desde una posición de supervisión.
Indicó que para ejercer adecuadamente esos mecanismos de control y fiscalización de las instituciones públicas, especialmente del Poder Ejecutivo, es necesario que el Congreso adopte la Ley Orgánica de Fiscalización y Control que ordena el artículo 115 de la Constitución, conjuntamente con la reglamentación interior en cada una de las cámaras.

Sin embargo, aseguró que la ausencia de esta normativa legal no es óbice para que cada cámara asuma de manera activa, en el marco de su diseño reglamentario, las funciones de control y fiscalización que establece la Carta Magna.

“La función de control político tiene un fundamento constitucional, no solo en la definición misma de la democracia, sino en el principio de separación de poderes”, señaló la Finjus en un documento.
Indicó que dada la relevancia que el gasto público racional tiene para asegurar la transparencia y la efectiva rendición de cuentas por parte de los Poderes del Estado, “consideramos importante que el Congreso ejerza su rol de fiscalización como mecanismo de control especialmente de cara a los últimos acontecimientos y solicitudes de intervención de este poder en la revisión de contrataciones realizadas”.

La Finjus dijo que esa función de mecanismo político interesa sobremanera también, porque incluye la observación de los estados de recaudación e inversión de las rentas que presenta el Poder Ejecutivo.