La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) manifestó hoy su respaldo a los debates entre candidatos presidenciales, tras considerar «que constituyen una sana práctica democrática que debe de ser instaurada en República Dominicana».

La entidad señaló que los debate preelectoral es son una herramienta útil para que la opinión pública se informe de los propios actores políticos sobre sus programas de gobierno y proyectos legislativos de los partidos, frente o agrupaciones políticas.

» En la actualidad, la República Dominicana constituye uno de los pocos países de la región donde no se ha podido efectuar el primer debate presidencial, no obstante los esfuerzos realizados por un sector del empresariado y los medios de comunicación desde la década de los 90″, indicó en un comunicado.

La entidad reiteró que los debates entre candidatos representan una oportunidad para que los electores conozcan, de manera sencilla y sumaria, los lineamientos de los programas de sus candidatos, necesariamente expresados en un formato de difusión fácilmente comprensible.

Agregó que estos eventos se fundamentan en los principios del pluralismo político (entre las fuerzas contendoras) , la tolerancia, igualdad, imparcialidad y neutralidad políticas, así como la libertad de expresión y el derecho a la representación.

Resaltó que actualmente, ante la falta de compromiso político para la realización de los debates electorales por iniciativa privada, la Junta Central Electoral ha propuesto que se instituyan mediante una ley que obligue al debate entre los principales candidatos presidenciales.

En ese sentido, la FINJUS precisó que ante la propuesta del órgano electoral, considera prudente visualizar la experiencia comparada para fijar una opinión fundada acerca de la certeza de establecer regulaciones jurídicas sobre los debates electorales, «puesto que existe un abanico de opciones posibles que pueden ser tomadas en consideración».

» En cualquier caso, es importante destacar que autoridades electorales, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación están llamados a jugar un rol determinante en la organización de los debates electorales para otorgar mayores niveles de legitimidad y confiabilidad», puntualizó.

FINJUS considera además, que el tema de los debates podría situarse en la regulación de la campaña electoral, «siempre y cuando se realice la valoración de toda propuesta normativa electoral que, siendo compatible con la Constitución, contribuya a incrementar la calidad democrática de los partidos políticos y a facilitar el ejercicio de un sufragio informado para los ciudadanos».