La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirmó ayer que como en años anteriores, en el 2017 hubo en el país una distancia entre las propuestas, metas, planes y estrategias nacionales, y los resultados inmediatos en el camino de lograr la institucionalización.

Dijo que en este año no se registraron mejorías sustanciales en los principales factores que contribuyen a la percepción negativa de la calidad de la democracia y de la seguridad jurídica.

No obstante, la entidad de la sociedad civil reconoció que hubo avances destacados en varias áreas estratégicas ligadas con la seguridad ciudadana o algunos servicios fundamentales como la educación.

Informó que hizo un balance de algunos hitos del quehacer gubernamental y/o estatal, en especial del sistema de justicia, de cara a extraer lecciones que permitan, en el 2018, avanzar en el logro de los objetivos y metas nacionales, sectoriales o locales, y un diálogo entre el Estado y la sociedad.
Indicadores hablan. La Finjus sustentó su reflexión en indicadores que le dan al país una pobre calificación en temas vitales como la competitividad en el mercado internacional; salud; sistemas de control y consecuencias en compras públicas y los mecanismos de licitaciones y contrataciones.

También en el incremento del crimen internacional organizado; la inefectiva coordinación de los órganos de la Administración Central, falta de transparencia y de responsabilidad fiscal y presupuestaria, y aumento de la percepción de impunidad que arropa el sistema de justicia, especialmente en el área penal.
Mayor preocupación. Dijo que su mayor preocupación se deriva de las debilidades institucionales del Sistema de Justicia que persisten en el 2017, por entenderlas como un elemento esencial para la consolidación de un Estado social y democrático de derecho.
Agregó que a eso se suma la inobservancia por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la aplicación de la ley de Autonomía Presupuestaria del Poder Judicial y el Ministerio Público, que mantiene a las principales instituciones del sistema de justicia en una situación de precariedad para el desarrollo de políticas públicas que aseguren la política criminal del Estado, el acceso, eficiencia y gratuidad de la misma.
Los hechos hablan. Entre los hechos sin precedentes que han puesto en evidencia las debilidades de las instituciones públicas y al sistema de justicia, citó los expedientes de corrupción del CEA, Corde, Omsa, Los Tres Brazos y Odebrecht.
Consideró como otro fracaso institucional la imposibilidad de aprobar las leyes de Partidos y del Régimen Electoral; y el limbo del nuevo Código Penal.