Finjus recomendó ayer al Senado reformas profundas al proyecto de Ley Orgánica de la PN para evitar que esa institución se aleje más  de  Interior y Policía y  del Ministerio Público.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) recomendó ayer al Senado reformas profundas al proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional para evitar que esa institución, a la que ubica en la etapa trujillista, adquiera autonomía presupuestaria y administrativa y se aleje más del control del Ministerio de  Interior y Policía y, en materia de investigación,  del Ministerio Público.

La Finjus sostiene que, como está formulado, el proyecto constituye una contrarreforma de difícil acomodamiento al sistema de Gobierno esencialmente civil, democrático y representativo que establece la Constitución.

Rezagada.    Mediante un documento depositado en la comisión de Interior y Policía, que preside el senador Manuel Antonio Paula (PLD-Baoruco), la Finjus expresa que la Policía acusa un rezago institucional que se refleja en las actuaciones de su jerarquía y demás funcionarios.

Advierte que los mandos de esa institución recelan de cualquier adscripción orgánica o funcional al resto de la administración pública, ya que solo reconoce como autoridad superior al Presidente de la República.

Sostiene que la problemática de la Policía es su vocación autoritaria, autonómica o autárquica.

Advierte, el proyecto de Ley Orgánica de la Policía, “lejos de revertir esta tendencia y práctica institucional antidemocrática, la refuerza y diluye aún más el precario control institucional que está llamado a cumplir el Ministro de Interior y Policía”, responsable político inmediato de los asuntos en materia de seguridad administrativa”.

 Subraya que la iniciativa excluye al Ministro de lo Interior como responsable administrativo y político de la seguridad pública.

También, agrega, “sigue empleando el cultural e históricamente ominoso apelativo de “jefe” para referirse al Director Nacional de Policía”.

Control.  La Finjus rechaza que el proyecto asigne al jefe de la Policía de turno la tarea de recomendar al Presidente de la República el que será el Inspector General de la Policía.

Resalta que la Policía tiene la obligación de rendir cuentas y someterse al  escrutinio social y democrático sobre sus acciones.

Precisa que la rendición de cuentas no se satisface con “explicar” al público un episodio de conducta indebida ya sucedido, sino que implica una cultura de transparencia en la gestión policial.

Corrupción. Advierte que esta disposición, contenida en el artículo 21 del proyecto, cumple el propósito de  que la gestión policial, y con ello la posibilidad de corrupción y abuso, no se vean sometidos a control efectivo, “dado que a estas tareas accedería siempre un recomendado “enllave” o alter ego del jefe”. Sobre la autonomía presupuestaria y administrativa que el proyecto prevé, la Finjus dice que esa disposición es contraria a la Constitución.

Zoom

Investigación

La Finjus plantea que resulta lógico y organizacionalmente conveniente que corresponda al órgano acusador (Ministerio Público), la dirección  de sus equipos auxiliares de investigación.

Fiscales

Recuerda que corresponde a los fiscales la obligación de probar el contenido de la acusación, por lo que es imperativo unificar los componentes investigativos.