La Fundación Institucionalidad y Justicia, (Finjus) afirmó ayer que ante la gravísima problemática que constituye el auge de la violencia de género en el país, el proyecto de Ley que crea el Sistema de Apoyo Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, representa una iniciativa loable.
Sin embargo, consideró que ante cierta reticencia que ha encontrado la iniciativa por las competencias que atribuye, la misma requiere de un mayor consenso entre los actores oficiales y todos los sectores sociales vinculados, a fin de que su versión final tenga una mayor profundidad y especificidad para alcanzar la eficiencia y eficacia necesarias en la lucha contra este grave flagelo.
Hay que revisar competencia. La Finjus dijo que es conveniente revisar la iniciativa legislativa, en cuanto a la factibilidad y eficacia de la centralización que pareciera ser atribuida al Ministerio Público en tanto órgano rector en la labor de diseño y formulación de las políticas públicas en contra de esa problemática.

Recordó que uno de los mayores problemas del modelo de centralización de competencias en la elaboración estratégica de iniciativas legislativas y políticas públicas, se encuentra al momento de su formulación, ya que la misma centralización no permite una debida coordinación efectiva con los distintos actores.
Afirmó que la violencia de género debe afrontarse desde una perspectiva dual; en primer orden, la idea de un potencial hecho punible, y, por otro lado, como el resultado de patrones socio-culturales que responden a conductas normalizadas históricamente en sociedades como la nuestra.

La entidad de la sociedad civil dijo que una atención integral, que busque contrarrestar este flagelo, debe considerar la interacción entre el órgano encargado de regir la política de Estado contra la criminalidad (PGR) y la entidad responsable de fomentar y lograr la equidad de género (Ministerio de la Mujer).
Señaló que es cada día más claro que el Estado dominicano ha mostrado, en los últimos años, “una gran incapacidad” para contener, prevenir y minimizar los daños que provoca la violencia de género en toda la sociedad.
Agregó que los niveles alcanzado, “tanto en víctimas mortales como en el daño agudo a las familias, especialmente a niños, niñas y adolescentes, ameritan que el Estado asuma el compromiso de diseñar, ejecutar y sostener políticas públicas exitosas, que respondan adecuadamente a nuestra realidad y que enfoquen el problema desde una perspectiva integral y con recursos suficientes.

“Es por ello que entendemos que se debe apostar a la instalación de un modelo con responsabilidades articuladas que no hagan las instancias incumbentes dependientes de la voz de un órgano que, hasta por su misma naturaleza, no puede conocer las particularidades sectoriales de las demás entidades”, puntualizó la Finjus en un documento.