La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) pidió ayer que un anteproyecto que elaboró conjuntamente con la comisión de juristas de la Cámara de Diputados sirva de base para la aprobación de una Ley de Indultos, previo a su socialización con los diferentes actos del sistema de justicia interesados en que esa figura sea regularizada en el país.
Dijo que ese es uno de los problemas jurídicos que arrastra el país no obstante la modificación de numerosas leyes y reformas que se han hecho a la Constitución en los últimos años, y que debe ser regulado en el marco de criterios adecuados para que sirva al propósito constitucional que lo crea.
Recordó que el 15 de julio del 2015, el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC/0189/15, y en atención al artículo 47, párrafo III de su Ley Orgánica número 137-11, también exhortó al Congreso para que en el ejercicio de su función legislativa que le es propia, “subsane ese vacío normativo regulatorio del indulto con la aprobación de una ley”.
El anteproyecto. Servio Tulio Castaños Guzmán, vocero de la FINJUS, dijo que el anteproyecto trabajado contiene todos los elementos sugeridos por el TC y, desde una visión comparada, “ha sido elaborado a los fines de que se ajuste a las mejores prácticas y al ordenamiento constitucional vigente”.
Agregó que el mismo incluye las definiciones y modalidades del indulto (parcial, total y condicional).

Asimismo, se han determinado las exclusiones que dan lugar a la imposibilidad del indulto, con la enumeración expresa de cuáles delitos no podrán ser considerados para la adopción de esta medida. De igual manera, la indicación expresa de los requisitos para el indulto y las condiciones en que se otorgaría el denominado Indulto por Razones Humanitarias.

Además se toma en cuenta la descripción funcional de cada uno de los organismos del Estado y los servidores públicos que estarán encargadas de todo el proceso de solicitud y tramitación de esta figura, entre otras cosas.
Importancia de Ley. Afirmó que la figura del indulto es importante porque configura un claro ejercicio del principio de equilibrio de poderes, permitiendo que el Poder Ejecutivo pueda coordinar acciones de freno y contrapeso al Poder Judicial.
”Consideramos que el indulto podría ser visto como una materialización expresa y constituida de un límite justificado a la división de poderes, por lo que es de suma relevancia que el Congreso Nacional se aboque a la elaboración de una legislación que lo regule”, dijo el vocero de la Finjus..