La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) reprobó ayer que a pesar del serio proceso de reforma del sistema de justicia iniciado en 1997, todavía queden muchas debilidades pendientes de ser atendidas con urgencia por el Estado Dominicano.

Dijo que todas esas ineficiencias son producto del bajo presupuesto consignado por años al Poder Judicial (PJ), que le ha impedido el desarrollo pleno de sus mandatos constitucionales y la eficaz operatividad de su misión institucional.

“Los poderes públicos no pueden hacerse la vista gorda ante problemáticas como la mora judicial, las dificultades que presenta el servidor judicial, el crecimiento de la desconfianza por parte del usuario, la baja tecnificación de los procesos y las dificultades de expansión del Modelo de Gestión del Despacho Judicial Penal a lo largo de todo el territorio nacional; todo por causa del bajo presupuesto”, agregó.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vocero de la entidad, refirió que recientemente el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) dio a conocer un estudio sobre el presupuesto del PJ, en el cual se evalúa, entre otras cosas, la efectividad financiera de ese poder del estado.

“A nuestro juicio, el informe revela el impacto que han tenido en el seno de este poder público las carencias presupuestarias a lo largo de los años, el cual no solamente se ha visto afectado en la propia institucionalidad de los órganos encargados de administrar justicia, sino también en su independencia, su desempeño, sus niveles de gestión, el incumplimiento forzado de sus planes estratégicos y su eficiencia en general”, subrayó.

Afirmó que de ahí la legítima y reiterada preocupación de la FINJUS, y su planteamiento de que la primera medida de cumplimiento que requiere atención de todos los poderes del Estado es la asignación del monto presupuestario instituido en la Ley número 194-04 para el Poder Judicial en la Ley No. 194-0 (por lo menos el 2.66% de los ingresos internos de cada año).

Indicó que sobre ese particular la entidad ha presentado propuestas al Consejo del Poder Judicial (CPJ) para que, si tratare de dar un primer paso en la consecución de ese objetivo, pueda lograrlo.

“Resulta un hecho incontrovertible que desde la dirección del Estado no se piensa en el sistema de justicia como un eje prioritario para su fortalecimiento institucional; es inaceptable el trato dado al Poder Judicial, siendo la inseguridad ciudadana una de las preocupaciones más graves por parte de la ciudadanía y, del mismo modo, teniendo el sistema de justicia el reto de recuperar la confianza de la población”, puntualizó.