Robert Justo Bobadilla, el fiscal de Samaná contra quien un grupo de empleadas y exempleadas de esa fiscalía se querellaron en la Procuraduría General de la República por presunto acoso sexual y violencia de género, atribuyó ayer las imputaciones en su contra a una “trama” urdida en un bufete de abogados que no identificó.

Mientras esperaba un juicio disciplinario, afirmó que algunas de las querellantes incluso alegan hechos, ocurridos cuando todavía él no era el procurador fiscal de Samaná, “y otra que dice que fue obligada a tener sexo oral conmigo a cambio de la libertad de un pariente; esa libertad no la firmé yo”.

Dijo que tiene más de 12 años como fiscal y nunca ha sido cuestionado por ningún hecho, “excepto ahora que un grupo de mujeres, de repente van a una oficina de abogados a querellarse; pero nosotros vamos a demostrar con documentos que todo eso es falso”, enfatizó Bobadilla.

El juicio disciplinario fue aplazado para el día 29.
Pide procurador investigue.

Decenas de familiares de las supuestas víctimas acudieron a la Procuraduría a reclamar “justicia”.

La doctora Luz Díaz, abogada de siete querellantes, insistió en que el Ministerio Público disponga una exhaustiva investigación, afirmando que la conducta de ese fiscal no puede quedar impune.

“Ha habido agresiones de toda índole, algunos casos hasta consumarse. Lo que estamos viendo aquí es la conducta de ese ciudadano que abusó de su poder, que ofreció, que constriñó, que hizo violencia pidiendo favores sexuales”, dijo la doctora Díaz.

Informó que además de las ocho mujeres de las cuales está constituida como abogada, hay otras 12 que se han querellado contra Bobadilla por ante el Departamento de Inspectoría.

El Consejo Disciplinario del Ministerio Público lo integran los magistrados Carlos Castillo, quien lo preside; Fátima Sánchez y Fernando Quezada.