Caracas.- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, arreció hoy su ofensiva contra el presidente Nicolás Maduro, al promover el enjuiciamiento de ocho magistrados del máximo tribunal de justicia, considerado un poderoso aliado del gobierno y al que acusa de quebrar «el orden constitucional».

Por segundo día consecutivo, Ortega, confesa chavista hoy convertida en la crítica de mayor peso del gobierno, acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en busca de la destitución de los ocho jueces de la Sala Constitucional.

La fiscal, abogada de 59 años, pidió a la Sala Plena del TSJ un «antejuicio de mérito», por estimar que esos magistrados cometieron delito de «conspiración» contra el sistema democrático. «No es (solo) a través de un acto de fuerza como se conspira contra la forma republicana de la Nación, también se conspira generando daños irreparables a través de sentencias.

Lo que se está buscando es desmantelar el Estado», denunció Ortega. El lunes, la fiscal impugnó el nombramiento de 33 magistrados designados en diciembre de 2015 por el saliente Parlamento de mayoría chavista, por considerar que su «parcialidad» ha acelerado la severa crisis del país, envuelto en una ola de protestas opositoras que dejan 67 muertos en dos meses y medio.

Ortega calificó de «irregular» el proceso por el cual fueron designados esos magistrados, y lo señaló como una causa de que haya «grotescas decisiones que atentan contra el orden constitucional y el Estado de Justicia y de Derecho».

Los adversarios de Maduro han acusado al TSJ de servir al gobierno, pero los señalamientos de la fiscal profundizan la fractura del chavismo y la crisis institucional que vive el país desde que la oposición asumió el control del Legislativo en enero de 2016.

«Un enredo institucional». Ortega pidió a los jueces señalados inhibirse de conocer su solicitud de antejuicio y, como medida cautelar, solicitó la separación inmediata de sus cargos, al advertir que «corre peligro la Nación». «Sería la muerte del Derecho si siguen en la Sala», afirmó.

Ortega reiteró que el TSJ, a través de la Sala Constitucional, produjo una «ruptura del orden constitucional» con los fallos de fines de marzo con los que asumió las funciones del Parlamento y retiró la inmunidad de los diputados. «Prácticamente se disolvía la Asamblea Nacional», explicó.

Aunque el TSJ dio marcha atrás a esas dos decisiones en menos de 48 horas tras el pronunciamiento de la fiscal y la fuerte crítica internacional, quedó encendida la chispa de las actuales protestas que exigen la salida del poder de Maduro. «No puede ser que se desmantele el Estado (…) por caprichos», agregó Ortega, al enfatizar que tampoco es tolerable que el TSJ elimine instituciones del Estado porque son incómodas al gobierno.

El constitucionalista Juan Manuel Raffalli aseguró que «se está armando un enredo importante», pues la fiscal pidió también la inhibición de los 33 magistrados que impugnó el lunes. «Su estrategia es desnudar la falta de institucionalidad del TSJ», subrayó. La corte ha anulado todas las decisiones del Parlamento, al declararlo en desacato desde el inicio de la legislatura al mando de la oposición.

Contraofensiva oficial. Ortega reiteró este martes su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente porque fue convocada por Maduro sin consultarlo en referendo, como sí lo hizo el expresidente Hugo Chávez -fallecido en 2013- para la Carta Magna de 1999. Criticó que el gobierno impidiera con la colocación de «tanquetas» en los alrededores del TSJ que ciudadanos se sumaran a un recurso que presentó contra la Constituyente y que fue rechazado por la Sala Electoral del TSJ. Sus acciones le han generado una lluvia de insultos del gobierno y sus seguidores, que la tildan de «traidora», «corrupta», «inepta» y hasta de «loca». Ortega denunció que ella y su familia han sido víctimas de amenazas y persecución por parte de los servicios de inteligencia.

La bancada parlamentaria chavista pidió este martes a la justicia evaluar la salud mental de la fiscal: «Pido conformar una junta médica, que es competencia del TSJ. Se evidencia que esta señora no está en sus cabales», dijo el legislador Pedro Carreño. Por su parte, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, también chavista, pidió ante el TSJ que aclare si la Defensoría puede participar en investigaciones de violaciones a derechos humanos.

Esa solicitud «tiene un sentido claro: desmontar facultades del Ministerio Público», apuntó el constitucionalista José Ignacio Hernández. Altos funcionarios del gobierno han dicho que, una vez elegida el 30 de julio, la Constituyente será un «suprapoder» y que entre sus primeras tareas estará destituir a la fiscal.

La oposición descartó participar en la Constituyente al considerarla un «fraude» con el que Maduro pretende hacer una Carta Magna «a la cubana» para perpetuarse en el poder.