Lima.- La Fiscalía de Lavado de Activos de Perú iniciará esta semana las gestiones para interrogar al empresario Jorge Barata, exapoderado de la empresa brasileña Odebrecht en el país, informaron hoy medios locales.

Barata, quien se encuentra en la ciudad brasileña de Bahía, será requerido en condición de testigo y el pedido ya ha sido enviado al Ministerio Público de Brasil, según informa el diario El Comercio.

De acuerdo a las fuentes que cita el diario, la defensa de Barata indicó que su patrocinado está dispuesto a dar su testimonio a la Fiscalía peruana, ya que existe un acuerdo para que colabore con las investigaciones por el caso de corrupción.

Los fiscales peruanos que han solicitado interrogar a Barata son Germán Juárez y José Domingo Pérez, quienes investigan al expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y a la líder opositora Keiko Fujimori, respectivamente, por la presunta comisión del delito de lavado de activos.

Las fuentes señalaron que la coordinación de la diligencia se hará mediante el fiscal brasileño Orlando Martello, del equipo de investigación del caso Lava Jato en Curitiba, quien ya fue el intermediario de los fiscales peruanos que interrogaron en noviembre pasado al empresario Marcelo Odebrecht.

El empresario declaró a los fiscales que “con certeza” su empresa apoyó a políticos peruanos como Keiko Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, y también recibió consultorías del actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, según la transcripción del interrogatorio, publicada la semana pasada por el portal de investigación periodística IDL-Reporteros.

Odebrecht remarcó en todo momento que su intermediario en Perú fue Barata y señaló a los fiscales que este tiene conocimiento detallado de las operaciones irregulares de su empresa en el país.

Tras conocerse el testimonio, Fujimori, García y Nadine Heredia, esposa del encarcelado expresidente Humala rechazaron haber recibido aportes de Odebrecht, mientras que legisladores fujimoristas acusaron al fiscal general de Perú, Pablo Sánchez, de haber entregado el audio con las declaraciones a la prensa

. Sánchez negó este fin de semana ser el responsable de la filtración del documento y aseguró que su despacho “no ha tenido ni tiene en su poder” copia del testimonio.

El fujimorismo impulsa una acusación constitucional que busca que Sánchez sea destituido por el Congreso por una supuesta “inacción» en las investigaciones del caso de corrupción Lava Jato.