Santiago de los Caballeros,- El aspirante presidencial Luis Abinader se comprometió hoy a trabajar para que los programas de asistencia social del gobierno sean convertidos en una Ley de Protección Social, cuyos beneficiarios tendrán como requisito su nivel de pobreza, y que deberá entrar en vigor en tres meses.

“La política de apoyo social tiene que basarse en crear empleos, junto al sector privado, e incorporar a la gente a actividades productivas, pero a las personas en situación de pobreza y desempleadas, especialmente a las mujeres, que llevan la mayor carga de responsabilidades en los hogares, tenemos que asegurarles sus derechos sociales, de lo cual el Estado tiene que ser el garante”, precisó.

Abinader puntualizó que “la alimentación, la salud, educación y protección social son derechos de la gente, y eso es lo que debemos empezar a garantizar con la Ley de Protección Social, como parte de las reformas que vendrán en el gobierno del Cambio”.

Señaló que la ley garantizará esos derechos a personas en situación de privación extrema, con criterios claros sobre lo que perciban y su responsabilidad para desarrollar habilidades que les permitan salir de la pobreza.

Los beneficiarios. El dirigente político dijo que a partir de que esa ley entre en vigencia, “todas las personas que reciben los diferentes bonos que les entrega el Gobierno a través de la Tarjeta Solidaridad quedarán confirmados y percibirán el aumento que realizaremos tan pronto como estemos al frente del gobierno”, dijo.

La idea es que se terminen los abusos y el chantaje de los políticos y funcionarios que trafican con las necesidades de los pobres”, afirmó categóricamente Abinader, quien agregó que la ley “es para garantizar una política de Estado que lleve estabilidad y tranquilidad a las familias”.

Al responder preguntas en un conversatorio de mujeres de Santiago sobre las situaciones que las afectan, sus expectativas y aspiraciones, y las propuestas de soluciones que tiene en agenda, Abinader adelantó que buscará que su partido, el PRM, concilie la ley con las demás organizaciones políticas, los gremios y la sociedad en general, para que sea una política de Estado que comprometa el apoyo de todos.

Resaltó que de no ser aprobada la ley antes de que concluya el actual período constitucional, “lo lograremos en el gobierno del Cambio que vamos a inaugurar el 16 de agosto de 2020”.

“Pero mi determinación es que esa ley la concertemos entre todos, porque la precariedad en que vive tanta gente no debe seguir esperando, y el propósito es despolitizar la asistencia social”, enfatizó.

Recordó que las tarjetas de solidaridad nacieron como un estímulo a la asistencia escolar, en la gestión de Milagros Ortiz Bosch, como secretaría de Educación del gobierno de Hipólito Mejía, “y ahora llegó la hora de convertir el programa en una ley que contribuya de manera sustancial, eficiente y responsable a fomentar la equidad y la inclusión social”.