Los últimos 25 años del pasado siglo XX fueron testigos de dos muertes por precipitación al vacío que llamaron la atención a través de la opinión dominicana. Se trató del caso Mirambeaux, joven que había sido pedido en extradición por el gobierno de los Estados Unidos, y quien, supuestamente durante un forcejeo con quienes le custodiaban, cayó desde la tercera planta de la sede central del palacio de la Policía Nacional, al primer piso. El otro occiso lo fue Barbarín Mojica, líder sindical legendario, cuyo cadáver fue rescatado debajo del puente Ramón Matías Mella de la ciudad capital. En ambos decesos quedó un velo de dudas acerca de las circunstancias en que perdieron la vida ambos individuos durante la era de Balaguer.
En Santo Domingo, la casuística de fallecimiento de individuos adultos cuyos cuerpos han sido sacados de las aguas del río Ozama y del mar Caribe corresponden en su mayoría a personas con trastornos depresivos, existen situaciones en donde las circunstancias se prestan a diversas interpretaciones y la manera de su deceso queda envuelta en un oscuro manto de dudas.
El peritaje médico legal de un hecho trágico por lanzamiento desde la torre de un edificio constituye un gran reto para el investigador. La determinación científica de la manera jurídica del fallecimiento implica concatenar una serie de eventos que, cual ensamblaje de un rompecabezas, deben corresponderse armoniosamente para que circunstancias, escena, necropsia y estudios complementarios encajen de un modo tal que se despejen las dudas acerca de cómo aconteció el fallecimiento.
Es indudable que una autopsia minuciosa desde el levantamiento del cadáver hasta la realización de pruebas toxicológicas y análisis biofísico del evento, contribuyen a fortalecer los argumentos para una sólida conclusión científica concreta fuera de toda duda médica razonable.
A propósito de la temática en la Revista Americana de Medicina y Patología Forense correspondiente al volumen 39 de septiembre de 2018, aparece un trabajo de la autoría de Claire Ferguson y Tiffany Sutherland, titulado “Asesinato por Precipitación; Un análisis de los lanzamientos al vacío de tipo homicida”. En dicha publicación proveniente del Programa Nacional Australiano de Monitoreo del Homicidio se chequearon los años 2008, 2009 y 2010 sin que se registrara un solo caso. La revisión de la literatura mundial les llevó a concluir que la sospecha homicida descansa en la combinación de los datos de circunstancias, escena y las evidencias médicas. Ello incluye el patrón morfológico de las lesiones registradas en el cadáver, abrasiones, contusiones y fracturas, signos de estrangulamiento, o daños que impliquen lucha. La presencia de alteraciones corporales no explicadas por la dinámica de la caída debe ser catalogada como sospechosas.
En la extensa revisión de Claire y su asociado los homicidas eran sexo masculino en el 83.3% de los casos y las víctimas femeninas en un 75%. La muerte había sido planeada en el 83% de las muertes estudiadas. Se demostró una relación conyugal en el 75% de las tragedias. La naturaleza homicida de dichas muertes se estableció solamente después de descartar la modalidad accidental o suicida. Muchos de los fallecimientos fueron calificados de accidentales o muerte indeterminadas previo a su interpretación final de homicidio.
Un peritaje médico legal acelerado puede verse acompañado de imprecisiones que más tarde invaliden la prueba con el balance final de la absolución del crimen.
Y es que, no por mucho madrugar amanece más temprano.