Una sociedad pobre, en la que una persona de origen humilde y cuya profesión apenas da para comer, declare, sin haber heredado fortunas, 2,858 millones de pesos en bancos, debe revisarse.
Con más razón si los estamentos de poder, empezando por el Ejecutivo, miran para otro lado como si la información no les importara, pese a que el agraciado es funcionario público.
Injustificablemente, el presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, pertenece al selecto club de multimillonarios que en base a ocupar funciones públicas, se hacen ricos.
A este individuo, además de ser maestro, presidente del gremio magisterial y diputado, no se le conocen actividades de comercio que puedan justificar el origen de tanta riqueza.
Para investigar su escandalosa fortuna no se puede contar con una Cámara de Cuentas que no ha sido capaz de presentar la auditoría técnica y económica solicitada por el Ministerio Público a las sobrevaluadas obras de la Odebrecht.
Tampoco con la Procuraduría que tiene sus corruptos favoritos como demuestra el expediente contra la firma brasileña, y el que a Diandino Peña nadie lo ha tocado pese al escándalo de corrupción denunciado en la construcción del Metro.
Es decir, que las peticiones públicas de grupos sociales como La Marcha Verde para que se investigue al señor Radhamés Camacho, caerán en el vacío y la fiesta con los recursos del Estado seguirá alegremente como si nada pasara.
Hiere la conciencia social que políticos inescrupulosos se enriquezcan impunemente a expensas de dinero que debiera ser utilizado para amortiguar el estado de inequidad y carencias que afecta a los pobres del país.
Ante esa situación, solo queda preguntar: ¿Hasta cuándo, pueblo dominicano?