POR APOLINAR VELOZ
El sábado 25 y domingo 26 de junio del 2005, en la sección económica del Listín Diario, se publicaron sendos artículos sobre la interpretación que tiene el Consejo de Asesores del Poder Ejecutivo sobre el fraude bancario del 2003 y su impacto sobre el resto de la economía dominicana.

El Consejo sugiere que el colosal fraude bancario del 2003, según consta en el expediente acusatorio que le imputa el Banco Central y la Superintendencia de Bancos (SIB), es una consecuencia directa de que la economía dominicana se desvió de sus fundamentos macroeconómicos porque se aplicaron políticas económicas inconsistentes durante el período 2000-2004.

Esta posición es contraria a la que sostiene que las malas prácticas bancarias, responsables directas del fraude bancario de acuerdo a cada una de las auditorías forenses practicadas a los intermediarios financieros quebrados, tienen impactos macroeconómicos desastrosos. Las malas prácticas bancarias en los bancos quebrados no se originan en políticas macroeconómicas inconsistentes, sino en comportamientos reñidos con la ley.

Me referiré brevemente a los fundamentos teóricos de los artículos del Consejo, que analizan las variaciones cambiarias a partir de la disparidad de tasas de interés entre países. Entiendo que estos fundamentos teóricos no son aplicables a la economía dominicana por las razones que se exponen a continuación y, por consiguiente, no pueden orientar adecuadamente el diseño de políticas económicas, particularmente la cambiaria.

En primer lugar, este mecanismo de estimación de tipo de cambio se estableció para países con mercados financieros desarrollados y en los que las inversiones, en diversas monedas, se protegían mediante la compra de contratos futuros de una moneda respecto a otra (forward) para evitar el riesgo cambiario en la moneda en que se denominaba la inversión (spot) al momento de la transacción; de tal forma que se mantenga la rentabilidad inicial de la inversión. En equilibrio, esta teoría asume que los precios spot y forward de monedas se igualan, asumiendo que todas las características de un mercado competitivo se cumplen, Lotz (1889), Keynes (1923).

La primera observación que le hacen los teóricos de la economía a este mecanismo, consiste en que la variación del tipo de cambio medida a través de las disparidades de tasas de interés en diferentes países (en el caso que nos ocupa, la paridad descubierta de interés UIP por sus siglas en inglés), se fundamenta en la existencia de mercados cambiarios no intervenidos o anclados. Durante 1994-2000 se sabe que el tipo de cambio estuvo anclado por intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario y de la misma manera ocurrió en el 2001 y 2002, por lo que la variación del tipo de cambio nunca fue, en estos años, resultado de la interacción, pura y simple, de la oferta y demanda.

Si el tipo de cambio se mantuvo fijo, entonces las variaciones en la base monetaria no se debieron a devaluaciones. De lo que se infiere que los cambios en la base monetaria no tuvieron implicaciones directas sobre las tasas de interés locales y los diferenciales de tasas de interés eran ficticios. Por otra parte, existe literatura económica local que indica que la determinación de tasas de interés en el mercado bancario se caracteriza por responder al tamaño del banco y no a la economía de escala, Veloz- Santana (1998). En otras palabras, la tasa de interés se determina oligopólicamente en el mercado financiero local.

Otra limitación que presenta la hipótesis UIP y que se discutió en la literatura reciente consiste en que la UIP no funciona en países en los que existe alto riesgo político y en los cuales existen costos transaccionales en el intercambio de monedas (recargo cambiario). De la misma manera, la falta de información confiable que permita calcular las expectativas de tipo de cambio dificulta alcanzar conclusiones definitivas sobre la hipótesis de la UIP, Isard (1999).

Finalmente, las diferencias de tasas de interés para explicar las variaciones cambiarias, de acuerdo a ciertos autores, sólo explican una proporción muy pequeña de las variaciones cambiarias; Isard (1978), Mussa (1979) y Frenkel (1981).

En otro sentido, el artículo del Consejo muestra algunas incoherencias. En su párrafo 3 se afirma: «Como es evidente, durante la década y hasta finales del 2002, las desviaciones respecto a la paridad no eran significativamente diferentes de cero indicando que la economía estaba trabajando sobre sus fundamentos». Es decir, que la economía dominicana, según el artículo, durante el 2001 y 2002, trabajó sin desviaciones significativas de los fundamentos macroeconómicos. Entonces, la crisis no es producto de las políticas macroeconómicas inconsistentes de esos dos años y, por consiguiente, no se crearon las condiciones para la inestabilidad del 2003, de acuerdo a este análisis.

Pero en el párrafo 5, se afirma lo siguiente: «Sin embargo, a partir del enero del 2002 y hasta agosto del 2004 es evidente cómo las desviaciones aleatorias se fueron intensificando revelando una ruptura de los fundamentos que regían la macroeconomía». Lo que resulta contradictorio con el párrafo 3 del documento publicado.

Las explicaciones gráficas del artículo del Consejo dejan establecido claramente que los fundamentos macroeconómicos se pierden en el 2003 y argumentan que en ese año la emisión de los bonos soberanos de febrero, el fraude de BANINTER de julio y las suspensiones del acuerdo con el FMI son los elementos explicativos de la crisis económica. De manera que en los orígenes de la crisis económica se contempla el fraude bancario presente en el 2003.

Estos elementos colocaron en tela de juicio las posibilidades reales de que el Gobierno pudiera controlar la situación económica. Se creó un clima de poca credibilidad en las políticas públicas, seguido por una intensa cadena de rumores tendentes a provocar otra crisis financiera, y que condujo a una fuga de capitales y una fuerte sustitución de moneda.

El Consejo concluye diciendo lo siguiente: «En primer lugar, se puede inferir que los eventos previos al año 2003, principalmente los varios choques externos, no fueron choques significativos que desviaron la economía de sus fundamentos». En otras palabras reitera que la crisis económica no tiene su origen en los años previos al 2003, sino que la crean otros elementos.

Insisto en que las políticas macroeconómicas inconsistentes no inducen al fraude en las empresas privadas. Los fraudes en las empresas privadas, dependiendo de su magnitud, sí tienen efectos devastadores sobre la macroeconomía.

Veamos si las políticas macroeconómicas inconsistentes ejecutadas durante el 2000-2004 crearon el tipo de operaciones que tipificaron a los bancos que contribuyeron al fraude bancario del 2003, partiendo de las informaciones provenientes de las auditorías forenses practicadas a esos intermediarios; cuyo salvamento por parte del Banco Central (BC) representó el 20% del PIB y elevó la deuda del Sector Público Consolidado a 57% del PIB, tal y como lo definen las Cartas de Intención firmadas por el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el Informe de Auditoría al BANINTER realizado por la Superintendencia de Bancos (SIB) fechado agosto del 2003 se establecen las violaciones a las reglamentaciones vigentes. La primera de ellas era operar con una contabilidad oculta, la que se detecta durante el proceso de debida diligencia (due diligence) realizado por los expertos financieros, internos y externos, contratados por el Banco del Progreso. Según el Informe Final de la SIB se establece lo siguiente: «El abultado incremento de marzo se debió a la inserción de los activos y pasivos mantenidos escondidos dentro de los libros, que fueron insertados abruptamente cuando se hizo el intento de fusión con el Banco del Progreso». Lo que se aprecia el siguiente gráfico.

 ACTIVOS DEL BANINTER

Al Momento de la Fusión con el Banco del Progreso

Este comportamiento en los activos se explica por la adquisición de un conjunto de empresas. De acuerdo a los Estados Financieros ajustados por la SIB, al sumar las pérdidas incurridas a los supuestos beneficios de BANINTER, el informe de la SIB muestra que el Banco Intercontinental tuvo pérdidas desde 1986 hasta el 2002, sin que ninguna autoridad advirtiera la descapitalización de ese banco.

Entre 1986-1997 las pérdidas acumuladas ascendieron a RD$1,322.42 millones y sucesivamente desde 1998 hasta el 2002 los resultados de ese intermediario financiero mostraron pérdidas que acumuladas ascienden a RD$27,066.07 millones. Estas pérdidas representaron una creación de dinero de aproximadamente el 70% de la emisión monetaria del Banco Central correspondiente a diciembre del 2002. A pesar de las pérdidas sucesivas de capital ni el BC ni la SIB intervinieron a BANINTER ni se le impuso un plan de recuperación.

El informe de la Superintendencia de Bancos termina aludiendo a la forma de capitalización del BANINTER: «Pero aquí tenemos uno de los datos más importantes, pues nos explica como se capitalizó Baninter, si sumamos la serie de beneficios en libros del banco desde el 1996 hasta el 2002, obtenemos la suma de RD$1,830 millones, más los RD$687.0 millones del préstamo tomado al Banco de Reservas, más RD$400.0 millones en otra inversión que procede del Grupo Intercontinental (y a esta institución se le borraron sobregiros por RD$1,340 millones), esta tres partidas alcanzan la suma de RD$2,917 millones. Esta suma es bastante similar al capital contable según libros al 31 de diciembre del 2002.»

Las malas prácticas bancarias en los bancos quebrados fueron responsabilidad exclusiva de sus ejecutivos al ejecutar operaciones reñidas con las regulaciones, así como de la ceguera de la administración financiera. ¿Dónde estaban los reguladores y supervisores del sistema financiero durante 1987-1997? Y durante 1998-2003? ¿Cómo es posible que no se detectaran estas malas prácticas bancarias? Desde esta perspectiva resulta difícil trasladar el origen de la quiebra bancaria a las inconsistencias de políticas macroeconómicas.

Uno de los aspectos más sobresalientes de la mala práctica bancaria registrada en el Banco Mercantil (BM) consistió en la violación del límite de préstamos a vinculados, es decir a inversionistas del propio banco y relacionados; según se establece en la Auditoría Forense que se llevó a cabo al 30 de Septiembre del 2003. Esta auditoría fundamenta sus conclusiones en que las Normas Prudenciales establecen que los préstamos a partes relacionadas o vinculadas de cualquier banco no deben exceder al capital más las reservas del banco, en ese momento.

Esta norma fue violada por el Banco Mercantil (BM), considerando las informaciones servidas al BC por el BM. A la fecha de la auditoría, el BM informó al BC que los préstamos a vinculados ascendieron a RD$651.7 millones, mientras que el capital más las reservas de ese intermediario financiero era de RD$52.6 millones. En otras palabras, a las partes relacionadas del Banco Mercantil se le concedieron préstamos por un monto que superaba 12 veces el capital más las reservas del banco, violando las normas prudenciales.

De la misma manera se concedían préstamos sin garantías a vinculados, sin que existiera posibilidad alguna de recuperar el préstamo si la empresa vinculada al banco no podía pagar sus compromisos. En efecto, el 47.35% de la cartera de crédito de este banco no tenía garantía específica, es decir estábamos hablando de RD$308.6 millones.

Peor aún, luego de la intervención de la SIB y el BC al Banco Mercantil la auditoría pudo establecer que los préstamos que se le concedieron a los grupos económicos relacionados al Banco Mercantil así como a sus empresas afiliadas, fue de RD$2,353.2 millones, en lugar de los RD$651.7 que informó originalmente el BM.

El seguimiento de la evolución de los pagos en la cartera del BM era débil, lo que se reflejó en la clasificación mayormente D y E del total de la cartera y, por consiguiente, los depósitos del público estaban en peligro.

Según la auditoría practicada, el monto de la cartera clasificada D y E para préstamos comerciales era de RD$2,023.3 millones, lo que representó el 67.3% de esa cartera tenían riesgos de cobro. En la cartera de créditos al consumo, la clasificación D y E ascendió a RD$68.4 millones, es decir que el 36.4% de la cartera era no productiva. Finalmente el 57.0% de la cartera hipotecaria clasificada D y E, ascendió a RD$40.2 millones. Es decir, que si el BM constituía con su capital las provisiones a realizar por cartera riesgosa y asumiendo que las provisiones fueran de 40%, entonces el BM hubiese agotado todo su capital. Por lo tanto, ese banco estaba quebrado, según establece la Ley Monetaria y Financiera. Este comportamiento de los ejecutivos del BM, es el típico ejemplo de malas prácticas bancarias.

Finalmente, la historia de Banco Nacional de Crédito (Bancrédito) no resulta diferente a la del Banco Mercantil ni a BANINTER, según se establece en la auditoría forense, finalizada el 12 de agosto del 2004. Las operaciones que llevan a la quiebra a este banco se trataban de préstamos a empresas vinculadas que tenían escasa posibilidad de repago ya que presentaban una situación financiera cuestionable debido a excesivas deudas locales e internacionales. Estas empresas tenían sobregiros en Bancrédito que ascendieron a un poco más de los RD$26,000.0 millones, los que el Banco Central pagó en su totalidad. Posteriormente, apareció otro hueco financiero en el off-shore que tuvo repercusiones en la operación de salvamento por US$292.0 millones, los cuales fueron en parte cubiertos por el Banco Central. De estas operaciones, la administración financiera no tenía la más remota idea de su existencia.

A partir de estas observaciones procedentes de auditorías forenses de los intermediarios financieros quebrados, entiendo que queda suficientemente claro que las causas de la quiebra de los bancos acaecida en el 2003 son las malas prácticas bancarias y falta de supervisión y regulación responsables y no las políticas macroeconómicas inconsistentes. Buscar otra explicación a la quiebra bancaria resulta en desviar la atención de los responsables directos.

El autor es economista.