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La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura y convirtió en ley ayer el proyecto sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que establece pena de cuatro a 10 años de prisión para aquellos funcionarios públicos que resulten responsables de enriquecimiento ilícito.
De igual manera contempla penas de uno a dos años de prisión y multas de 20 a 40 salarios mínimos para los funcionarios que ofrezcan datos falsos en su declaración jurada. Ahora la ley pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación
