La Fundación Acción Verde consideró que el proyecto de Ley de Residuos Sólidos, aprobado el miércoles por los diputados, toca con mucha flexibilidad las principales fuentes de contaminación que se encuentran comúnmente en las calles y vertederos, en los cuerpos de agua, desembocaduras de ríos y costas.
Pone de ejemplo que plantea un régimen de “responsabilidad extendida” sobre los fabricantes o importadores de envases de aceites lubricantes, pilas y baterías, plaguicidas, medicamentos, neumáticos, artículos electrónicos y el foam. En tanto que no se incluye un rango amplio de productos y empaques que no son reciclables y que su valor de recuperación es nulo. Citó entre estos los envases para algunos tipos de maltas, energizantes, alimentos lácteos y otros de consumo masivo, cuya acumulación en el ambiente ya se cuenta por cientos de miles de toneladas.
Otro elemento que cuestiona la fundación es el plazo de hasta 5 años que otorga el proyecto para ir reduciendo (sin considerar su eliminación) las bolsas de plástico y los productos basados en poliestireno expandido, mejor conocido como foam. “Consideramos estos plazos demasiado extensos, en especial cuando no se deja claro las medidas específicas y los compromisos de los productores e importadores para el programa de reducción de estos contaminantes”, dice.
Señala que a ese ritmo, aún cuando se inicie desde ahora un programa intensivo de educación, se podría invertir otra década para ver cambios notables en la cultura y los hábitos de consumo, que deben ser forzados necesariamente por las regulaciones del mercado por parte del Estado.
De poco valor. Otra preocupación de la fundación que agrupa a ambientalistas, es la efectividad de las soluciones planteadas para otros productos como los denominados PET (botellitas de agua, envases de gaseosas) que, aunque son reciclables, su valor de recuperación es tan poco que no resultan de interés para los recicladores formales e informales, permitiendo que en temporadas como la actual los mismos se acumulen por montañas en ambientes indeseados.

Agrega que el proyecto ni siquiera toca temas puntuales como el uso de sorbetes (calimetes, pajillas) que están siendo sustituidos o eliminadas de forma acelerada a nivel mundial.
Considera que peor aún: se incorpora a la ley la promoción al uso de productos llamados «oxo biodegradables» y que tienen un impacto descomunal en la vida acuática, en ríos y mares.

Impuesto. Otro reparo es que aunque se contempla la creación de un fideicomiso para hacer operativas las medidas administrativas y de contingencia, como el llamado “Bono verde”, este se nutrirá de un impuesto generalizado del 0,20% a la producción y a las importaciones, dejando fuera del gravamen el petróleo y derivados, el gas natural, los medicamentos, productos agropecuarios y ciertas Importaciones bajo el régimen de Zonas Francas Industriales de Exportación. “Queda explícito entonces que incluso aquellos productos ecoamigables o que contribuyen a la reducción, reúso y reciclado estarían siendo gravados con un monto similar a todos los demás productos”.