La administración del Presidente Danilo Medina puede enorgullecerse de haber logrado, por primera vez en varias décadas, el consenso cuasi unánime de la población respecto de un tema que trasciende la geografía nacional, como el obtenido tras denunciar y renegociar el contrato de explotación minera entre el Estado y la firma  Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC).

Cuando el mandatario dominicano informó a la nación  desde el Congreso, el pasado 27 de febrero, la magnitud del diferendo contractual existente con la Barrick Gold Corporation, que explota la mina de oro y plata situada en Pueblo Viejo, Cotuí, un oleaje nacionalista arropó el sentimiento de la opinión publica embargada por el escepticismo y el pesimismo ante la posibilidad de que el gobierno pudiera arrancarle un acuerdo favorable a sesudos inversionistas extranjeros, beneficiarios de un contrato reciente, negociado en buenos términos para ellos y respaldados por gobiernos poderosos como  Estados Unidos y Canadá. Pero el gobierno dominicano alcanzó un arreglo amigable, gracias a la determinación de un Jefe de Estado sosegado y a la positiva disposición de la Barrick.

Tras arduas negociaciones, el Estado ha asegurado ingresos por US$2,280 millones para el lapso 2013-2016, sextuplicando las entradas actuales; logró elevar su Participación Utilitaria Neta (PUN) desde cero hasta US$1,283.0 millones; redujo la tasa de depreciación de 40% a 15%;  amplió a diez años la fecha para la recuperación del capital invertido por la empresa -US4,500 millones- prevista para el 2016, llevada ahora al 2026.“Se consiguió lo que necesitábamos”, dijo lacónicamente el Presidente Medina en su habitual humildad.

Reconozcamos, pues, a Temístocles Montás, Guarocuya Félix, Gustavo Montalvo, César Pina Toribio, José Luis De Ramón y Luis Miguel Pereyra, por negociar un acuerdo contractual digno y equitativo.

Ganó el gobierno, y también la Barrick.