Eludir el parto normal para recurrir a cirugías se ha convertido en un recurso del que se abusa en muchos países y República Dominicana no escapa a ello. Con alarmante frecuencia en centros privados y públicos se recurre a las cesáreas aunque las condiciones del embarazo permitan prescindir de ellas. Dar a luz en este medio está notablemente encarecido por la apelación a un procedimiento que en el buen ejercicio de las prácticas médicas debe ser excepcional y que conlleva los riesgos inherentes a toda cirugía. Se destaca el hecho de que son muchas las mujeres, y muchos de quienes las asisten, que prefieren el bisturí para el alumbramiento pensando más en lo fácil y cómodo que en seguir los dictados de la naturaleza misma.

Ante esa preferencia que ya es parte de la cultura, el Estado y las organizaciones profesionales que tienen que ver con la ginecología y la obstetricia deben reaccionar de manera responsable. Lo especialistas, las clínicas, el Ministerio de Salud, los reformadores institucionales del sector y las administraciones de la seguridad social deben combinar esfuerzos para revertir los índices que muestran a la República Dominicana como un país en el que se evade demasiado el parir de manera natural. Los medios científicos de hoy permiten, como nunca, establecer con antelación suficiente, o en las horas finales de embarazo, cuándo procede o no recurrir a la cesárea como algo inevitable.

APRETAR EL PASO EN LA RECTA FINAL

La regularización de inmigrantes de todas las procedencias debe alcanzar la cota más alta posible en el tiempo que resta, subsanando incluso con medidas locales los incumplimientos de Haití y el escaso concurso de otros países. El resultado de un alcance menor en el proceso supondría la permanencia en el país de un colectivo de origen foráneo sin estatus legal y hasta sin identidades. Un problema social y de orden público que persistiría. Una expulsión masiva y rápida, que en lo formal podría considerarse un ejercicio legítimo de autoridad, sería un paso extremo que convendría evitar duplicando los esfuerzos por ubicar y atraer extranjeros a los registros antes de que expire el plazo, como se prometió en una ocasión. Hagamos también más eficiente la tarea de reducir el ingreso de nuevos inmigrantes irregulares a través de la frontera.