La autoridad de la junta federal de control que supervisa las finanzas de Puerto Rico podría ser puesta a prueba después de que el gobernador de la isla desafió ayer su exhortación a implementar medidas de austeridad adicionales.
Ricardo Rosselló rechazó las exigencias de la junta de que su gobierno presente un plan fiscal revisado que incluya una reforma laboral y una reducción de 10% en el sistema de pensiones, el cual está agobiado por pasivos que ascienden a 50.000 millones de dólares. Afirmó que el plan que presentará el jueves tampoco incluirá ningún despido. «La junta no tiene los poderes de implementar asuntos de política pública. Es así de sencillo», dijo.
La junta no respondió de inmediato a los comentarios de Rosselló, efectuados apenas horas después de que éste envió el domingo una carta de siete páginas a ese organismo en la que delineó por qué no implementará esos y otros cambios.
«El pueblo de Puerto Rico, tras el paso del huracán María, ha sufrido mucho en términos de reducción de los servicios del gobierno y pérdida económica», dijo Rosselló en la misiva.
«Ahora la junta está tratando de imponer recortes adicionales a las prestaciones y jubilación de los empleados del gobierno en el peor momento posible, cuando Puerto Rico trata de recuperarse».
La tormenta de Categoría 4 causó más de 100,000 millones de dólares en daños cuando azotó la isla el 20 de septiembre, en una época en que lidiaba con una severa crisis económica y la restructuración de una porción de su deuda pública de más de 70,000 millones de dólares. Unos 80,000 usuarios siguen sin electricidad más de seis meses después del paso del huracán. José Luis Cedeño, vocero de la junta, no respondió a una solicitud de comentarios.