El gobernador Alejandro García Padilla afirmó ayer que su administración apelará “sin dilaciones” la decisión del juez federal José Fusté, quien declaró inconstitucional el impuesto especial a las megatiendas, establecido en la Ley 72 de 29 de mayo de 2015.

Esta ley, impugnada por Walmart en el Tribunal Federal, establece un impuesto de 6.5% a las compras entre compañías, conocido popularmente por el término en inglés “transfer pricing”.

“El juez Fusté le acaba de quitar US$100 millones al pueblo puertorriqueño para dárselos a Walmart”, dijo el gobernador en una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Walmart había radicado una demanda contra el gobierno de Puerto Rico en el Tribunal Federal en la que impugna la constitucionalidad de la Ley 72. “Por supuesto que vamos a apelar. El tribunal no tiene jurisdicción y ni siquiera permitió que viéramos los estados financieros de Walmart para ver si es verdad lo que dicen”, sostuvo García Padilla. Indicó que este año el gobierno proyectaba recaudar unos US$100 millones con el impuesto de 6.5% a las compras entre tiendas. La empresa reclamó que el estatuto estatal se declarará inconstitucional

Walmart planteó en la sala del juez Fusté que el impuesto resultaba sumamente oneroso y señaló que impediría sus operaciones a largo plazo en la Isla. En su demanda, la compañía alegó que la Ley 72, aprobada en mayo de 2015, viola la cláusula de comercio interestatal, así como las leyes de relaciones federales y la de igual protección de las leyes. Bajo el nuevo régimen fiscal, la tasa de impuestos (antes 2%) se ha elevado: la tasa impositiva fue elevada de 2.5% a 6.5%, en función de los ingresos brutos.