San Juan, EFE.- El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, confía en reunir los votos que necesita en la Legislatura para elevar en un 68 % el impuesto sobre el petróleo, algo que ve imprescindible para salvar de la quiebra a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y para financiar su próxima emisión de deuda.  

“Todo el mundo reconoce que es necesario (el impuesto). Desde que inició esta discusión hasta el día de hoy, el precio de la gasolina ha bajado más de cuatro chavos”, dijo durante una conferencia de prensa para justificar que es el momento ideal para hacerlo.

Según explicó, si no se establece este impuesto no habrá fondos suficientes para que la ACT evite la quiebra y deje de pagar al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el brazo financiero del Gobierno.

Añadió que ese dinero es necesario “para hacer obra pública, asfaltar carreteras, hacer que el tren funcione y que las guaguas (públicas) funcionen».   “Yo estoy seguro de que la razón va a prevalecer”, dijo el gobernador, que ha visto cómo ni siquiera contaba con suficientes apoyos dentro de su propio partido.

Le bastaría con convencer a uno de los tres legisladores de su partido para conseguirlo, lo que le permitirá convocar una sesión extraordinaria antes de que acabe año, puesto que las sesiones ya han sido suspendidas por el receso navideño.

La semana pasada, el Ejecutivo explicó que los fondos para pagar las próximas nóminas de los funcionarios que trabajan para la ACT procederán de los ingresos obtenidos con el impuesto a los cigarrillos.

Para ello, la Cámara de Representantes aprobó una medida sometida por el partido gobernante la delegación de la mayoría parlamentaria, que consignará 45 millones de dólares de la recaudación del impuesto a los cigarrillos para pagar las nóminas de la ACT y la Autoridad de Transporte Integrado (ATI).

Con ello, se solucionará a corto plazo la falta de fondos de la ACT, que dice tener dinero para cubrir sus operaciones tan sólo hasta final de este mes, pero no la necesidad de respaldar la próxima emisión de deuda que planea el Gobierno.

La medida estará vigente durante este ejercicio fiscal, que empezó en julio y terminará en junio de 2015, hasta que la anunciada reforma fiscal se implante y, si se cumplen los planes del Gobierno, se logre otra fuente de financiación para esas entidades.

La idea inicial del Gobierno para evitar el cese inminente de operaciones de la ACT y la ATI era aprobaron una fuerte subida del impuesto que grava el petróleo y sus derivados, aprovechando el nivel de precios históricamente bajos que están registrando estos días en los mercados internacionales.

Con una subida de 6,25 a 15,5 dólares por barril, su intención era recaudar unos 178 millones de dólares adicionales cada año que le ayudaran a sanear económicamente esas entidades y así aliviar en parte la crisis fiscal que atraviesa la isla desde hace ocho años y que es la más dura de las últimas siete décadas. Igualmente, el Ejecutivo planea volver a los mercados este mismo mes para tratar de obtener al menos 2.500 millones de dólares y hacer frente a las necesidades más urgentes de una economía que acumula ya una deuda de más de 73.000 millones de dólares, que está devolviendo a intereses muy altos, en parte debido a su calificación de “basura” o “chatarra” por parte de las grandes agencias de calificación.