Washington.- El secretario del Tesoro de EE.UU., Jacob Lew, y la secretaria de Salud, Sylvia Burwell, pidieron hoy a un grupo de legisladores que implemente medidas para estimular el crecimiento económico de Puerto Rico y permitir que la isla mejore su mermado sistema laboral y de salud.

Los miembros del Gobierno estadounidense realizaron en una carta la petición a los congresistas, que forman parte del Grupo de Trabajo para Puerto Rico creado en julio como parte de la ley conocida como “Promesa” por la que se establece un camino para la reestructuración de la deuda de la isla.

“La reestructuración de la deuda de Puerto Rico es esencial para establecer una base para el crecimiento y asegurar que el Gobierno de Puerto Rico cuenta con los recursos necesarios para servicios esenciales, pensiones e importantes inversiones públicas”, escriben los miembros del Ejecutivo en su misiva.

En su carta, Lew y Burwell insisten en la necesidad de que la isla caribeña obtenga paridad de fondos con respecto al resto de Estados Unidos en el programa de salud público de Medicaid, dirigido a los ciudadanos con bajos ingresos.

Además, los dos miembros del Gobierno piden a los legisladores que aprueben medidas para mejorar el mercado de trabajo. En ese sentido, Lew y Burwell proponen una reforma del Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC), que a día de hoy no se aplica en Puerto Rico y que “crearía incentivos para el trabajo y aumentaría la participación en la economía formal».

La misiva se dirige, entre otros, a los senadores Marco Rubio (Florida) y Orrin Hatch (Utha), nombrados en julio como parte de bipartidista Grupo de Trabajo para Puerto Rico, que dará recomendaciones sobre qué pasos tomar para crear condiciones para el crecimiento económico en la isla.

También forman parte de este grupo la congresista por Nueva York Nydia Velázquez; el comisionado de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi; el senador por Nueva Jersey, Bob Menéndez; el senador por Florida Bill Nelson; el congresista por Nueva Jersey, Tom MacArthur y el representante por Wisconsin, Sean Duffy.

Puerto Rico, que arrastra una deuda de más de 70.000 millones de dólares, es territorio estadounidense desde 1898 y se define como Estado Libre Asociado a ese país, con Constitución propia y con un importante grado de autonomía, aunque EE.UU. se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros.

Sin embargo, Puerto Rico no puede acogerse a la Ley federal de Quiebras estadounidense, ya que dicha norma no considera a la isla como un estado más de la nación norteamericana, y la Justicia federal ha visto inconstitucional una norma que el Gobierno local aprobó para establecer su propio mecanismo de bancarrota.

Por eso, a finales de junio, el Congreso federal dio hoy luz verde a la ley conocida como “Promesa” por la que se establece un camino para la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, así como una junta de control fiscal sobre los problemas financieros de la isla.