Brasilia. El Gobierno brasileño insistió hoy en que los “problemas políticos” del país deben resolverse mediante un “amplio diálogo” y reiteró que un posible juicio con miras a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff supondría una “ruptura» democrática.

“Brasil no puede resolver sus cuestiones políticas con rupturas constitucionales” como un proceso contra Rousseff, que dependería de “asuntos jurídicos que no existen”, dijo a periodistas el ministro de Información, Edinho Silva.

El ministro respondió así a diversas versiones de prensa y medios políticos según las cuales el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien tiene la potestad de decidir sobre el inicio de un juicio contra Rousseff, puede responder positivamente esta semana a una de las varias peticiones que ha recibido para que la mandataria sea sometida a un proceso político.

Silva reiteró que “no hay fundamentos jurídicos para tomar una decisión como esa” e insistió en que las demandas de la oposición para juzgar a Rousseff son parte de un “embate político sin ninguna base jurídica”, por lo cual “no pueden” ser aceptadas.

“No podemos paralizar al país por embates políticos”, cuando “lo importante es que Brasil supere sus dificultades económicas y vuelva al camino del crecimiento”, indicó el ministro, quien aludió así a la difícil situación del país, cuya economía ha entrado en recesión y este año se calcula que se contraerá casi un 3 %.

La oposición ha presentado ya una veintena de solicitudes para iniciar un juicio político contra Rousseff, de las cuales el jefe de la Cámara de Diputados ya ha rechazado la mitad porque carecían de fundamentos jurídicos.

Sin embargo, sobre su mesa espera un pedido que exige juzgar a Rousseff por maniobras fiscales que maquillaron las cuentas públicas de 2014, año en que fue reelegida, lo cual la Constitución contempla como uno de los motivos para una posible destitución.

Abogados vinculados al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) insisten en que una “falta administrativa” cometida en el mandato anterior no puede esgrimirse para juzgar al actual Gobierno, que asumió el pasado 1 de enero, y pidieron que la Corte Suprema se pronuncie sobre el caso, lo cual aún no ha ocurrido.

En ese marco, el ministro Silva ratificó la opinión del Gobierno en el sentido de que esas maniobras fiscales no constituyeron lo que la Constitución define como “delito de responsabilidad”, que pudieran propiciar la apertura de un juicio político.