Casa Abierta denunció que desde agosto del 2016 persiste la retención de los fondos a las ONG que trabajan con la reeducación de adictos, por lo que llamó a las autoridades a entregar los recursos que corresponden por ley.
Juan Radhamés de la Rosa, director ejecutivo, precisó que tanto la Ley 50-88, la 172-02 y la nueva 155-17 establecen que el 15% de los recursos provenientes de los bienes decomisados por casos de drogas están destinados a las organizaciones no gubernamentales que desarrollan programas de prevención y tratamiento, pero fue en 2006 que se empezaron a entregar.
“Sin embargo, esto de nada sirve, pues de nuevo este aspecto de la ley es “letra muerta”. Ya nuestros gobernantes habían reincidido en su visión de menospreciar el trabajo de prevención y tratamiento a las personas afectadas. Esto a pesar de que solo son nuestras organizaciones las que se ocupan del aspecto más importante frente a las drogas: las personas y sus familias”.
De la Rosa consideró que las autoridades evidencian cada día su escaso interés en desarrollar una política efectiva frente al fenómeno de las drogas, ya que solo aplican la política absurda de reducir la oferta, por el control y la represión.
Afirmó que las autoridades no dan explicación, por qué no entregan los recursos, que para muchas organizaciones sociales implican lo único que reciben del Estado.
“Demandamos enérgicamente el cese de esta violación de parte de las propias autoridades encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley”.