República Dominicana malgasta el 3.8 por ciento del producto interno bruto (PIB) en ineficiencias en compras públicas o adquisiciones, en el gasto en nómina salarial y en transferencias focalizadas, una cifra menor que el promedio de América Latina y el Caribe.
En la región esta cifra promedio del malgasto asciende a 4.4% del PIB, un total de US$220,000 millones al año y representa, en promedio, alrededor del 16% del gasto público.
La estimación promedio del 4.4% el PIB es mayor que el gasto corriente promedio en salud (4.1%) y casi tan grande como el gasto promedio en educación (4.8%) en la región.
Así lo detalla el informe del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) titulado “Mejor Gasto para Mejores Vidas: Cómo pueden América Latina y el Caribe hacer más con menos”.
También expresa la baja inversión en el gasto público de República Dominicana, siendo el segundo país de la región con menor gasto público, menos del 20 por ciento del PIB. El primer lugar lo ocupa Guatemala.
El gasto es desigual en la región: los países que más gastan son Argentina, Brasil, Ecuador, Trinidad y Tobago y Uruguay, con más del 35 por ciento del PIB.
El gasto público general consolidado es del 29.7% del PIB en América Latina y el Caribe, en comparación con el 43.5% en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según el informe del BID.
A nivel general el BID señala que la inversión pública, necesaria para asegurar el crecimiento futuro, ha perdido más de ocho puntos porcentuales en el presupuesto respecto de los gastos corrientes.
Mientras que en todas las otras regiones del mundo la inversión pública per cápita ha crecido en promedio más del 50 por ciento, en América Latina solo avanzó un 5%, manteniéndose aproximadamente en los mismos niveles que en la década de 1980.
El estudio analiza que aunque en República Dominicana el gasto público es bajo, existen malgastos e ineficiencias en las asignaciones de recursos. Un ejemplo es que el porcentaje de la fuerza laboral empleada en el Gobierno es cercano al 18% del total, mientras el promedio regional es de 12.7%, cifra inferior al 17.4% del empleo público en la OCDE público.

Pero se gasta menos que en la región en empleomanía, pues la remuneración a los empleados públicos como porcentaje del PIB es de un aproximado de un 5% y la remuneración a los empleados como porcentaje del gasto total es cerca al 28%. Las cifras locales están por debajo del promedio regional que son 8.4% para el primer caso y el 29% para el segundo.
Otro dato importante que arroja el estudio es que América Latina y el Caribe gasta cuatro veces más en la población de mayor edad que la más joven. De mantenerse en los actuales niveles, los regímenes de pensiones y de salud podrían aumentar del actual 35% del presupuesto al 78% en 2065, poniendo a la sostenibilidad fiscal en riesgo. Ese escenario también podría restar recursos a otras prioridades, tales como el desarrollo del capital humano y de infraestructura, elementos indispensables para sostener el crecimiento económico en el tiempo.
Indican que un mayor gasto gubernamental difícilmente ayudará a cerrar la brecha de desigualdad en la región si no se corrigen las ineficiencias en la redistribución. En 16 países de América Latina, los impuestos directos y las transferencias de efectivo logran reducir la desigualdad en un promedio de solo el 4.7%, contra un 38 por ciento en un muestreo de países desarrollados.