AP. El gobierno dominicano abrió el martes un periodo de tres días para recibir opiniones sobre su propuesta de plan para regularizar a los miles de descendientes de extranjeros, en su mayoría de origen haitiano, que serán «desnacionalizados» debido a un fallo del Tribunal Constitucional.

El Consejo Nacional de Migración explicó que el plan prevé crear un «proceso especial de naturalización» para quienes pierdan la nacionalidad por ser hijos de inmigrantes sin permiso de residencia, pero se abstuvo de adelantar detalles de esa propuesta.

El plan sí precisa, en cambio, los procedimientos para regularizar a partir del 1 de junio del 2014 y hasta mayo del 2015 a los extranjeros que no cuentan con permiso para residir en el país, en su gran mayoría inmigrantes del vecino Haití.

José Ramón Fadul, ministro de Interior y presidente del Consejo Nacional de Migración, explicó que «la urgencia en la emisión del plan» se debe a que la ley lo establece desde 2004 y a que el Tribunal Constitucional ordenó ponerlo en vigencia el 23 de septiembre pasado, cuando también determinó que las personas nacidas en el país después de 1929 de padres no residentes no son dominicanos.

El Tribunal Constitucional ordenó al registro civil realizar un inventario de todos los hijos de extranjeros nacidos en República Dominicana desde 1929 y anularles la nacionalidad a aquellos cuyos padres no tenían residencia legal, como los miles de haitianos que en el Siglo XX llegaron a trabajar a los cañaverales dominicanos, donde se establecieron para el resto de sus vidas y formaron a sus familias.

«Yo no tengo nada que regularizar, si (el gobierno) quiere regularizar, que busque migrantes; yo no soy migrante», dijo a The Associated Press Altagracia Jean-Joseph, de 27 años y quien está en peligro de perder la nacionalidad dominicana debido a su ascendencia haitiana.

Jean-Joseph, nacida en una comunidad cañera de la provincia dominicana de San Pedro de Macorís, insiste que no está de acuerdo «en ser regularizada como extranjera en el país donde yo nací y crecí».

Diversas organizaciones de derechos humanos locales e internacionales se han manifestado en contra de la decisión del Tribunal Constitucional y estiman, con base en una encuesta de Naciones Unidas, que la medida afectará a unas 250.000 personas, entre ellas 210.000 descendientes de inmigrantes cañeros haitianos.

La Junta Central Electoral, que administra el registro civil, aseguró la semana anterior que, según un muestreo de 1966 al 2013, sólo entre 13.000 y 24.000 personas serían afectadas en ese periodo.

El Consejo Nacional de Migración, compuesto por varios ministerios de Estado, difundió su propuesta de plan antes de que sea oficializado mediante decreto por el presidente Danilo Medina y exhortó a los interesados a «formular comentarios y recomendaciones» y enviarlas por correo electrónico.

Varias organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de los descendientes de inmigrantes haitianos anunciaron que esta semana presentarán su postura al proyecto del plan de regularización.