La Asociación de Empresas de Eficiencia Energética y Energía Renovable, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, Justicia Climática, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente y la Fundación Macorís Verde informaron que la semana pasada los representantes del gobierno en el Pacto Eléctrico, encabezados por el Ministerio de Energía y Minas, vetaron el consenso que se había acordado para restablecer los incentivos fiscales que la ley 57-07 tenía antes de la reforma fiscal del 2012, para promover las energías limpias y renovables.
Añadieron que los representantes gubernamentales, con la excepción del Comisión Nacional de Energía (CNE), que se opuso al disenso presentado por el sector oficial, plantearon en la segunda plenaria del Pacto Eléctrico posponer esta decisión hasta que se celebre el Pacto Fiscal luego de las elecciones del 2016.

Señalaron que con este veto el gobierno demuestra claramente que su verdadera apuesta energética es el carbón y no las energías limpias y renovables.
Denunciaron que desde hace más de dos años el gobierno mantiene estancadas once concesiones eólicas que aportarían alrededor de 1,300 megavatios sin que el sector público invierta un solo centavo, y que competirían con el sector tradicional obligándolo a reducir los precios de la electricidad.

Creen que para que las energías de fuentes limpias y renovables se desarrollen es necesaria la inmediata restitución del incentivo del 75% de deducción del Impuesto Sobre la Renta a los auto productores, tal como lo establecía la Ley 57-07 antes del 2012, o de lo contrario se les estaría cerrando el acceso al país para únicamente favorecer a las energías fósiles, aclararon.

Advirtieron que este veto viola el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos que en su Capítulo XVII, Ambiental, establece el Principio de No Regresión que dispone que no puede disminuir la protección ambiental para favorecer un comercio X y en este caso para beneficiar al carbón y los demás combustibles fósiles.

Aseguraron que con esta postura a favor del carbón y de los derivados del petróleo, y en contra de las energías limpias y renovables, el gobierno está estancando el desarrollo del país durante los próximos 35 años.

Explicaron que las plantas de carbón de Punta Catalina son un obstáculo para que la electricidad producida por fuentes limpias y renovables se incorporen al sistema eléctrico nacional por ser estas plantas de lento encendido y apagado, lo que impide la armonización de ambas tecnologías.

Dijeron que nadie asegura un precio bajo del carbón a lo largo de los próximos años, ya que no lo producimos y se compra con divisas, al igual que el petróleo o el gas, lo que no ocurre con el sol, el viento y el agua que existen en abundancia aquí.

Indicaron que la política carbonífera y en contra de las energías renovables del gobierno refuerza la dependencia del país de las importaciones de fósiles que actualmente consumen el 8.6% del producto interno bruto (PIB).

La República Dominicana posee todas las condiciones para que al año 2030 las energías limpias y renovables cubran el 85% de la demanda eléctrica del país y al mismo tiempo reducir los costos de la energía y del gasto de las importaciones de derivados de petróleo, afirmaron en ruede prensa.

ZOOM

El carbón

Las cinco entidades dijeron que con la adopción del carbón como la principal fuente de producción de energía eléctrica del país, el gobierno se coloca de espaldas al compromiso que la comunidad internacional intenta lograr en la Conferencia Mundial del Clima, de reducir los gases de efecto invernadero para impedir que la temperatura del planeta se incremente en 2 grados Celsius al año 2100.