CARACAS. AFP. El gobierno venezolano y la oposición volverán a dialogar este martes para poner fin a más de dos meses de protestas antigubernamentales -que dejan 41 muertos-, en una jornada en la que los opositores plantearán una ley de amnistía para los denominados «presos políticos».  

La reunión, que se realizará a puerta cerrada y está prevista a partir de las 18H00 locales (22H30 GMT), será encabezada por el vicepresidente Jorge Arreaza y el secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ramón Guillermo Aveledo.

Este encuentro, convocado en la sede de la vicepresidencia, ocurre luego de que el jueves pasado el presidente Nicolás Maduro y el líder de la oposición Henrique Capriles tuvieron su primer cara a cara desde que iniciaron las protestas el 4 de febrero, con saldo además de 600 heridos.

Maduro y Capriles presidieron junto a otros representantes del gobierno y de la MUD un debate público, divulgado por televisión durante seis horas y en presencia de los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador, y del nuncio apostólico en Caracas, designados como «testigos de buena fe» en las conversaciones, y que hoy volverán a participar.

Ley de amnistía. En esta reunión, la MUD planteará como tema central una «ley de amnistía» para «que todos aquellos que están presos y detenidos por una persecución política (…) sean liberados», anticipó el lunes el diputado opositor Tomás Guanipa, del partido Primero Justicia liderado por Capriles.

El jueves la oposición propuso la ley de amnistía como uno de los temas principales de la agenda que aspira a debatir con el gobierno, en momentos que Maduro ha afirmado que «no habrá impunidad» en Venezuela.

Las protestas han dejado 175 detenidos, entre ellos dos alcaldes opositores -también destituidos- y el líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, quien encabeza el ala radical de la MUD y la estrategia «La salida», que busca forzar la renuncia de Maduro a golpe de manifestaciones callejeras.

La oposición hace hincapié además en la liberación, entre otros, del excomisario Iván Simonovis, preso desde hace 10 años y condenado por un homicidio en el marco de su presunta participación en el breve golpe de estado de 2002 contra el fallecido Hugo Chávez.

La MUD también ha planteado la desmovilización de los «colectivos», grupos armados identificados con el chavismo y de los cuales el gobierno realiza una encendida defensa por su papel social, negando que sean grupos armados.

Los opositores también reclaman la designación de una comisión de la verdad independiente que investigue los 120 supuestos casos de violación a los derechos humanos en las protestas y renovar las autoridades con mandato vencido en el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral.

«Si hay hechos y señales el pueblo puede ir creyendo en el diálogo. Creo que estos días santos (feriado de Semana Santa) son propicios para la liberación de los presos por razones políticas. Otra señal sería el desarme de los grupos paramilitares y que exista justicia en los casos de tortura y represión», dijo Capriles el lunes en un acto público.

Los presos, la clave del diálogo. «No habrá diálogo efectivo mientras no se resuelva el tema de los presos políticos (independiente de como la dialéctica chavista los llame)», escribió este martes en analista Luis Vicente León en su cuenta en Twitter.

«El éxito del diálogo depende fundamentalmente de las acciones que adopte Maduro. El juego se destranca o se tranca con él», agregó el director de la encuestadora Datanálisis.

El alcalde del municipio caraqueño Libertador, el chavista Jorge Rodríguez, afirmó el lunes que el diálogo -en el que participó- tuvo un «excelente comienzo», pero reiteró la postura del gobierno al afirmar que en este proceso para lograr la «convivencia pacífica» no se realizarán «pactos o acuerdos subrepticios».

El 90% de los venezolanos apoyan los diálogos de paz, pero solamente el 54% piensa que ayudarán en algo a resolver los problemas del país, reveló este martes un sondeo de la consultora Hinterlaces.

Las protestas fueron iniciadas el 4 de febrero por estudiantes de la ciudad de San Cristóbal (oeste de Venezuela) en contra de la inseguridad, que luego fueron apoyadas por la oposición e incorporaron reclamos por la crisis económica del país, la detención de manifestantes y la represión policial.

Desde mediados de marzo las manifestaciones bajaron de intensidad, aunque continúan algunos focos de violencia principalmente en el municipio caraqueño de Chacao, donde casi a diario se registran choques entre manifestantes radicales y la fuerza pública.

En paralelo, la oposición (principalmente el ala radical) sigue convocando a movilizaciones pacíficas en Caracas y otras ciudades del país.