Las anomalías descubiertas en el Ministerio de Educación por su incumbente Andrés Navarro, no es ni nuevo ni exclusivo de esa dependencia del Estado, y de ahí la solicitud de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) para que se auditen las nóminas de todas las dependencias oficiales.
El vicepresidente ejecutivo de esa entidad, doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, criticó que el Gobierno mantenga una abultada nómina, destacando que sólo en Educación fueron ubicados 3,900 profesores cobrando sin trabajar, listado actualmente en depuración por la Asociación de Profesores (ADP).
También resaltó el aumento en un 500 por ciento de los nombramientos de asesores del ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, quien cuenta con más de 50 servidores en esa categoría, sin experiencia ni formación en el ámbito diplomático.
La realidad es que esta práctica viene desde los gobiernos de Joaquín Balaguer, lo que hundió al Consejo Estatal de la Azúcar (CEA) y a la mayoría de las dependencias de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) abarrotadas de “botellas”.
Lo triste de todo esto es que esta clase parasitaria la mantenemos los ciudadanos que pagamos impuestos ya que un 30.3 por ciento del gasto público se destina al renglón salarios del que se nutren estas personas cuyo único mérito es haber hecho política a favor del partido gobernante o tener un padrino político.
Pero ni la FUNJUS, ni la población sensata del país deben hacerse ilusiones de que esto puede cambiar pues para ello, tendría que imponerse la voluntad política del presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, quien tendría que erradicar una práctica corrupta, sostén del sistema populista y clientelar que padecemos.