Varios gremios y organizaciones de mujeres manifestaron hoy su preocupación porque apenas faltan 25 días para que concluya la legislatura y el Congreso Nacional no ha conocido el Proyecto de Ley Integral contra la Violencia y el de Salud Sexual y Salud Reproductiva, luego de más de 3 años de haberse sometido.

Mujeres en Desarrollo Dominicana (MUDE), CE-MUJER, el Círculo de Periodistas de la Salud  (CIPESA), el Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS), Asociación Nacional de Enfermería (ASONAEN) y el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC), también pidieron al Tribunal Constitucional fallar a favor de que se mantenga la reforma al Código Penal sobre la despenalización del aborto por causales, desestimando los recursos de inconstitucionalidad interpuesto por varias fundaciones.

Estas organizaciones llamaron a las comisiones de Salud y Ministerio Público de la Cámara de Diputados y a la Equidad de Género del Senado, a presentar sus informes a los respectivos hemiciclos, favoreciendo la garantía de los derechos humanos de las mujeres, desprotegidas frente a la violencia y falta de ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Esta situación se hace evidente cada día con el aumento de los feminicidios y la mortalidad materna.

“No es posible que las autoridades y en especial los y las congresistas permanezcan indiferentes frente a una situación que se torna incontrolable, como es el caso de los feminicidios”, señala un documento presentado por los grupos que elevan sus voces a favor de los derechos de las Mujeres.

En el transcurso de este año han muerto más de 80 mujeres asesinadas. Según los datos de la Procuraduría, hasta mayo se han producido 75 feminicidios, mientras que los reportes de prensa dan cuenta del asesinato de alrededor de 8 mujeres en el mes de junio.

Los grupos en torno al Proyecto Voces por los Derechos de las Mujeres demandan del congreso que aprueben de una vez por todas, la propuesta de ley que crea el sistema de atención integral a la violencia contra las mujeres, así como una mayor inversión del Estado para que se respeten y garanticen los derechos humanos de las mujeres.

El Proyecto de Ley Integral de Violencia contra las Mujeres se encuentra en el Congreso Nacional desde el 2011. Propone la creación de un sistema integral para la prevención, detección, atención, sanción y seguimiento a todas las formas de violencia contra las mujeres basadas en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, mediante la regulación de políticas públicas orientadas al reconocimiento, respeto y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Esta iniciativa establecen mecanismos de protección a las víctimas de violencia, para lo cual se contempla involucrar y articular diferentes instituciones del Estado, en especial a los  Ministerios Público, de la Mujer, de Salud y de Educación.

El Proyecto de Ley de Salud Sexual y Salud Reproductiva fue sometido en 2012. Por los diputados Christian Paredes y Hugo Núñez. Su objetivo es la garantía de la salud sexual y la salud reproductiva desde un enfoque de derechos humanos y de género, a través de políticas dirigidas a la prevención y atención y al establecimiento de sanciones ante su violación.

Los citados proyectos de ley son impulsadas por el proyecto Voces por los Derechos de las Mujeres, que ejecuta Profamilia y el CEG-INTEC con el apoyo de la Unión Europea.

Las demandas. Las organizaciones también exigen un aumento al presupuesto de Salud. ASONAEN, pide aumentar a 5% del PIB para salud, CIMUDIS demanda servicios de salud inclusivos y sin discriminación para los sectores en situación de vulnerabilidad. Propone que el Proyecto de Ley de Salud contemple medidas de atención accesibles a las mujeres con discapacidad.

CE-MUJER demanda que el Poder Ejecutivo ponga más atención a la salud de la población, especialmente de las mujeres embarazadas, “con el incremento y mejor distribución del presupuesto nacional destinado a salud”, refiere.

MUDE resalta la necesidad de mantener un entorno político y social de tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres, incluyendo las migrantes, por su alto nivel de vulnerabilidad y su limitado acceso a la justicia, para impedir la violación de los derechos humanos más habituales  y que afectan a mayor número de personas en el mundo.