un grupo de 88 firmantes, entre estos intelectuales, activistas y políticos propuso la renuncia del presidente Danilo Medina como uno de los tres puntos de la agenda para llegar a un nuevo orden democrático, que ponga fin a la impunidad, ante la “actual crisis política” que, afirman, atraviesa el país tras destaparse el escándalo de la empresa brasileña Odebrecht.
En un manifiesto, el segundo que emite, dicen que si bien la Marcha Verde ha sido decisiva para la configuración de la actual coyuntura política, es necesario un plan de acción concreto de organización política y articulación nacional.
“Nos encontramos frente a una crisis estructural del sistema político combinado con la tendencia al quiebre de la hegemonía peledeísta”, dice el documento.
Establece que el gran desafío está en canalizar las luchas ciudadanas hacia la transformación del sistema de dominación y control que mantiene a más de la mitad de los dominicanos fuera de la capacidad de ejercer sus derechos democráticos y de vivir en un verdadero Estado de derecho.
La renuncia. El colectivo explica que el descubrimiento del alcance de la trama PLD-Odebrecht ha causado una gran conmoción en la sociedad dominicana.
Dicen que las declaraciones de confesiones de Temístocles Montás y Ángel Rondón, quienes guardan prisión por su participación en el entramado de sobornos, dejan claro que “el poder se sustenta en el lavado de dinero, la manipulación mediática, el maridaje entre los grupos fácticos y económicos, la complicidad y el control de las instituciones del Estado”.
Lo que creen ha dejado evidenciada la ilegalidad del gobierno de Medina, con una inversión desbordante de recursos que salieron de los sobornos y la sobrevaliaciones de obras.
Este hecho, aseguran, es la base para el rompimiento histórico de la legitimidad del régimen del PLD.
“Danilo Medina pretendió construir un poder omnímodo e indestructible por medio de la imposición de una reelección institucionalizada e infinita”, se argumenta en el manifiesto.
Ante el “indiscutible descontento ciudadano”, aseguran que lo que hace falta es la conversión de ese sentimiento hacia un plan de transformación integral.
Creen que la Marcha Verde, que ha canalizado a través de las marchas multitudinarias el descontento ciudadano, abre un nuevo horizonte de futuro ante el bloque de las instituciones y la débil oposición política.
Como segundo punto de la agenda proponen un acuerdo político ciudadano donde se comprometan a romper con el sistema de corrupción, incluyendo la de sus propios dirigentes, y que se comprometan a trabajar por una democracia pluralista e inclusiva.
Un nuevo gobierno. El Gran Acuerdo incluirá como punto esencial de la agenda, un nuevo gobierno de transición cuyo compromiso principal será la organización de una Constituyente por elección popular.
Nuevo orden democrático. Como tercer punto de la agenda, los políticos y sociales movilizados en la Marcha Verde asumen avanzar hacia un nuevo orden político democrático que garantice servicios públicos de calidad, distribución más equitativa y sistema electoral equitativo.