La Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA) y la Federación Nacional de Trasporte Dominicano (FENATRADO) anunciaron esta mañana su apoyo al paro convocado por el Foro Social Alternativo, pero advirtieron que la huelga debe de llevarse a cabo de manera pacífica y por 12 horas.

Antonio Marte, presidente de CONATRA, dijo que unos 1,700 sindicatos, asociaciones  y empresas, tanto del sector público como del turístico afiliado a la entidad que dirige, aprobaron participar en el paro nacional de actividades, tras considerar justos los reclamos que está planteando el Foro Social Alternativo.

En tal sentido, Marte pidió a sus afiliados mantenerse en sus casas y no participar en ninguna actividad pública que podría generar en desorden y violencia.

Marte, quien ofreció sus declaraciones en rueda de prensa, aseguró que el martes a las 6:00 de la mañana, sus unidades estarán todas presentando servicio.

De igual manera, se pronunció Blas Peralta Peralta, presidente de FENATRADO, quien dijo que parará el servicio de transporte de carga desde el lunes hasta tempranas horas de la mañana del martes.

Puntualizó que es necesario hacer el esfuerzo para garantizar que ese movimiento se realice de forma pacífica para que se eviten hechos de violencia que afecten las vidas de los ciudadanos y hagan daños a la propiedad privada.

De su lado,  Omar Almánzar, presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas (FENAMOTO), sindicato que aglutina más de 40 mil motoconchistas, también se une al paro, según sus declaraciones.

Dijo que los motoconchistas han decidido aprobar la huelga porque son parte de los afectados y consumen bastante combustible, y nunca han sido tomados en cuenta para los planes de subsidio que otorga el Gobierno.

De igual manera, abogó para que la jornada se realice de manera pacífica, por lo que pidió a sus afiliados mantenerse en sus casas, y que el martes a las 6:00 de la mañana se integren a sus labores habituales.

Los promotores del paro demandan que se deje sin efecto el aumento a la tarifa eléctrica, que se incremente un 30% a los salarios de los empleados públicos,  incluyendo guardias y policías, y la modificación de la Ley de Hidrocarburos, así como cambios en la política económica.