Guatemala.  Guatemala celebra el domingo las elecciones más cuestionadas de su historia moderna, sin el respaldo de gran parte de la población, que considera que no hay garantías democráticas para su realización principalmente por los escándalos de corrupción, que han alcanzado al presidente, Otto Pérez Molina.

Nunca antes había pasado algo así- la cita electoral ha quedado en un segundo plano debido a una crisis institucional sin precedentes desde el pasado mes de abril.

Los casos de corrupción destapados hasta la fecha por dos entes que han emprendido, como ellos mismos dicen, “una cruzada” contra la impunidad y la corrupción -la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)-, marcaron un antes y un después.

El detonante es el afamado caso “La Línea”, una estructura de corrupción aduanera dirigida, supuestamente, por Pérez Molina y su mano derecha, la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció al cargo el pasado 8 de mayo tras las primeras acusaciones en su contra.

Esta situación ha llevado a la pérdida de la inmunidad de Pérez Molina para que pueda ser investigado, “el escenario menos deseado, pero el más probable”, según el portavoz oficial de la Presidencia de Guatemala, Jorge Ortega.

Este insistió en que el mandatario, “por el momento”, sigue en su posición de no renunciar.

Las acusaciones de corrupción, junto con la actitud de Pérez Molina de aferrarse al bastón de mando, aumentaron el hartazgo de la población, que sale cada semana a la calle a exigir, en movilizaciones masivas, la dimisión del jefe de Estado y la suspensión de los comicios.

“En estas condiciones no queremos elecciones”, corean muchos durante las protestas callejeras.

La gente no aclama a los candidatos. Todos piden a gritos la salida del presidente- estudiantes, políticos, empresarios e instituciones gubernamentales, como la Contraloría o la Procuraduría.