Lo de siempre ha sido que las leyes alcanzan cumplimiento aceptable cuando los poderes y mecanismos de control y ejecución ponen verdadero empeño en aplicarlas. Lo que llaman voluntad política; y en muchos casos se requiere la cívica aceptación de los gobernados sobre los que debe pender la certeza de que sufrirían consecuencias en caso contrario. Son las dos caras de moneda inherentes al esfuerzo por reglamentar las actividades partidarias que han resultado preocupantes en términos generales por traspasar marcos razonables y penales. La política ha sido tan potencialmente beneficiosa al individuo, que los activismos en busca de los variados cargos que ella ofrece, y con los que pueden lograrse exagerados ascensos económicos, han desbordado límites en el tiempo con fuerte tendencia a lanzar campañas anticipadamente.
Con la nueva legislación debe impedirse el uso de recursos del Estado en proyectos oficialistas con ejercicios propagandísticos que superen abusivamente a otros contendientes. Es imprescindible reprobar financiamientos de oscura procedencia o comprometedores. La Junta Central Electoral muestra disposición de someter el activismo a reglas más contundentes para superar permisividades que hacían desiguales las competencias, con los recursos del poder gravitando con todo su peso hacia un solo lado. El próximo torneo comicial debe ser esencialmente diferente a lo vivido.

Indefiniciones y desconcierto

La situación política dominicana, expuesta a la perturbación de lo impredecible, ha quedado como otras veces condicionada a lo que, a partir de su dominio de recursos y poder, el partido gobernante defina para fines electorales, que sería más adelante, cuando las palomas estén a punto de echarse. Con el potencial de desasosiego de que finalmente se aspire a someter el andamiaje constitucional a pretensiones de cambio. La sociedad corre el riesgo de que el orden jurídico que coloca a los votantes a elegir entre contendientes sin investiduras de Estado sufra un vuelco (del que tendría noticia cuando procurar cambios sería atropellante) para que entonces retorne como opción, con todos sus antecedentes históricos negativos, la prolongación de los mandatos en un país que debe fortalecer sus instituciones con permanencia en las reglas de juego.