La controversia generada por la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional ha dividido el país respecto a la cuestión de la nacionalidad de los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en territorio nacional, a pesar de que la gran mayoría de los dominicanos estamos de acuerdo con relación a un tema trascendental para nuestra supervivencia como Estado y como nación como lo es la cuestión haitiana. Y es que incluso quienes, como el autor de esta columna, criticamos el despojo de la nacionalidad a miles de personas, apoyamos una política de aplicación estricta de las leyes migratorias, de fortalecimiento de la vigilancia fronteriza para evitar el tráfico ilícito de personas y de sanción severa a aquellas personas dedicadas a este tráfico y a la contratación de mano de obra ilegal.

Quizás la mejor plasmación de las ideas de quienes nos consideramos nacionalistas, en el entendido de un nacionalismo liberal, es decir, un nacionalismo consciente de la necesidad de defender la nación en el marco del respeto de los derechos humanos y de responder a las necesidades de un mundo crecientemente globalizado, lo es el documento intitulado “El reto haitiano en República Dominicana: posición y propuestas del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) ante la presencia en el país de inmigrantes haitianos y de sus descendientes”, publicado el 1 de septiembre de 2008.

Lo que propusieron nuestros empresarios en aquel momento es que se aborde la cuestión haitiana al margen de hipocresías y sectarismos, de modo que se enfrente el flujo migratorio haitiano, el deterioro medioambiental de la isla, el desarrollo de la frontera, los derechos de los trabajadores y el tema cultural de las dos poblaciones, desde una perspectiva holística e integral, “acatando las leyes vigentes y respetando los derechos humanos de cada ciudadano haitiano y de sus descendientes en territorio dominicano, sin por ello violentar ni desconocer el derecho inalienable del Gobierno dominicano para enarbolar su soberanía como pueblo libre en un Estado democrático de derecho”.

Varias fueran las propuestas del CONEP. Se planteó una redefinición del concepto de nacionalidad a nivel constitucional, tal como se aprobó en la Constitución del 26 de enero de 2010, lógicamente para ser aplicado a los nacidos con posterioridad a esta fecha. Se propone erradicar el racismo y la xenofobia en el marco de la normativa internacional y nacional vigente y la educación en valores. Se reclama la reglamentación de la Ley General de Migración. Se propone un plan de regularización de los inmigrantes ilegales y una depuración del padrón electoral. Se sugiere un plan ordenado de repatriación y deportación de indocumentados, en el marco del ordenamiento internacional de los derechos humanos, sin que constituya un proceso indiscriminado y masivo y sin que atente contra la estabilidad social de Haití. Se propone un plan de desarrollo fronterizo con énfasis en la descentralización territorial, el intercambio comercial, el medio ambiente y la seguridad nacional y ciudadana. Se plantea un esquema de relaciones comerciales domínico-haitianas basadas en un acuerdo de libre comercio y de reglas arancelarias, fitosanitarias y administrativas claras. En el plano laboral, la propuesta se articula alrededor de la noción de trabajo digno, respeto de los derechos laborales, política clara de empleo de inmigrantes y de castigo a las empresas que contraten mano de obra en violación a la ley. En términos medioambientales se busca el uso racional de los recursos renovables por ambas naciones. Y, finalmente, se pretende iniciar un proceso de revalorización de la cultura nacional, asumiendo las contribuciones de todos los continentes, para que “sin chauvinismos ni extremismos” asumamos la coexistencia cultural, lingüística y nacional en la isla y en la nación.

Algunas de estas propuestas ya han sido o están siendo implementadas. Otras, sin embargo, pueden orientar a los comisionados dominicanos que discuten con la delegación haitiana los temas binacionales de interés. Como afirma el CONEP, es posible abordar la cuestión migratoria enmarcados “en el escrupuloso respeto a los derechos de todo inmigrante en nuestro territorio nacional, al mismo tiempo que en nuestra opción de solidaridad con el pueblo y con la República de Haití” y promoviendo, como lo ha hecho el grupo empresarial Capellán de Santiago, “inversiones nacionales en Haití, tanto industriales como de infraestructura, de modo a favorecer la institucionalización de ese país y el desarrollo de mejores oportunidades para todos”.

Naturalmente, la nacionalidad no se negocia con un Estado extranjero: por eso hay que reconocérsela a todo dominicano sin despojarlo retroactivamente de ella. Además, la regularización debe aplicarse estrictamente a extranjeros pero a los dominicanos solo cabe reconocerles su nacionalidad y ya. Aplicación rigurosa de las leyes migratorias no significa desconocimiento de nacionalidad: es posible, por ejemplo, repatriar a padres extranjeros ilegales y respetar el derecho a la nacionalidad y residencia de sus hijos nacidos en territorio dominicano. El nacionalismo, por demás, cuesta: por eso es clave estimular fiscalmente el desarrollo fronterizo y fortalecer el sistema educativo transmisor de valores culturales en todo el territorio nacional. En todo caso, lo que hay que evitar es que un “Estado fallando” como República Dominicana devenga un “Estado fallido” como Haití.