Haitianos, mexicanos y el “jus solis”

Existe una semejanza importante entre el conflicto domínico-haitiano y el que se ha estado produciendo desde hace décadas entre norteamericanos y mexicanos. La diferencia, sin embargo, está marcada por varios factores: Primero, Santo Domingo es una isla con una frontera de 391 kilómetros, mientras que la frontera entre Estados Unidos de Norteamérica (U.S.A.) y México mide 3,169 kilómetros en un continente; segundo, la inmigración mexicana hacia U.S.A. es muy numerosa, pero ya otros países que no comparten fronteras, y de otros continentes, tienen importantes cifras de inmigrantes y las leyes sobre migración abarcan por igual a todos, mientras que en República Dominicana se basan y aplican casi exclusivamente a los haitianos; tercero, los ilegales mexicanos son apresados y devueltos a su país, pero sus hijos nacidos en U.S.A. son dejados en territorio estadounidense y protegidos por las leyes y la seguridad social, apoyados en el “jus solis”, que no se aplica en la República Dominicana, siguiendo el ejemplo de otros países que intentan controlar la inmigración ilegal estimulada por la aplicación de ese principio, eliminándolo o condicionándolo a la obligación de que uno o ambos padres sean ciudadanos.

Las desgarradoras escenas de dolor que se producen cuando los hijos son separados de sus padres mexicanos no detienen ni conmueven al servicio de inmigración norteamericano; sin embargo no recuerdo haber visto la participación de ninguna Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitando lugares o haciendo reuniones con ilegales en los Estados Unidos y la pregunta obligada es: ¿Por qué aquí y ahora con los haitianos y nunca (o casi nunca) allá con los mexicanos? ¿No es eso otro tipo de discriminación?