Con dos colchones, algunas viejas sillas de plástico y ropa, Eragene Moncher emprendió con dos de sus seis hijos el regreso a su Haití natal ante el temor de ser deportados de República Dominicana, donde vivió los últimos 22 años y vio nacer a toda su familia.

“Ahora uno viene sin nada; estoy pensando cómo vamos a vivir”, dice el trabajador agrícola de 41 años mientras aborda con sus hijos de 12 y nueve años un mototaxi de carga en el paso fronterizo de Ouanaminthe, en el noreste de Haití.

Tras haber permanecido la mitad de su vida en una zona rural dominicana, donde nacieron sus seis hijos, Moncher esperaba establecerse temporalmente en la casa de una hermana cerca de Puerto Príncipe, pero reconoce:

“Quién sabe si me reciben, si no tienen con qué”. El hombre prevé llevarse de forma paulatina a su esposa y al resto de su familia a Haití.

Miles de personas nacidas en Haití o de ascendencia haitiana no están esperando a ver si van a ser desplazados a la fuerza de República Dominicana ahora que la fecha límite para solicitar la residencia legal en el país ha expirado.

El vencimiento de este período de un año ha provocado un éxodo masivo de personas a Haití que no cumplieron con los requisitos para quedarse en República Dominicana. Otros pocos planean esperar a que inicie un temido plan de deportaciones masivas.

Los que ya partieron comenzarán una nueva vida, incierta en Haití, la región más pobre de la isla La Hispaniola, como se conocía a la isla que hoy comparten los dos países.

Según cifras de la dirección de Migración dominicana, cerca de 40.000 personas han salido de ese país hacia Haití luego de que el gobierno dominicano concluyera el 17 de junio las inscripciones del denominado plan de regularización para que todos los extranjeros sin permiso migratorio legalizaran su estatus o, de lo contrario, abandonaran el país.

Al término del plan, que duró un año, unas 288.500 personas se habían inscrito de los cerca de 524.000 extranjeros que se estima viven en el país sin permiso migratorio, en su mayoría haitianos, como los miles que durante gran parte del siglo XX fueron llevados a trabajar en precarias condiciones y magras remuneraciones a los cañaverales dominicanos, donde procrearon a sus familias y no volvieron más a Haití.

Moncher no sólo se inscribió en el plan, sino que está entre los cerca de 5.000 que ya cumplieron todos los trámites, pero teme, con base en rumores, que nunca le entreguen su anhelado carné de residencia y lo deporten sin aviso, separando a su familia, ya que su hija mayor tiene documento que la acreditan como dominicana, mientras sus hijos menores carecen del acta de nacimiento.

Desde los años 90 se han reportado tres olas de deportaciones masivas en las que los afectados eran detenidos y llevados a la frontera sin poder reunir sus pertenencias ni a sus familias.

“Dicen que los van deportar; déjame mudar antes, antes de que me den golpes”, dice Wasley Abraham, un albañil de 24 años que vivió los últimos seis en el barrio Los Mameyes, en las afueras de la capital dominicana, y no logró inscribirse para legalizar su estatus.

Para viajar a su natal Port-de-Paix, Abraham abordó en el puente internacional Dajabón-Ouanaminthe un mototaxi de carga con su esposa, su hija nacida hace tres años en Santo Domingo y todas sus pertenencias, incluida la bicicleta rosada de la niña.

El plan de regularización estaba previsto en la ley desde 2004, pero entró en vigencia con 10 años de atraso luego que el Tribunal Constitucional exigió su puesta en marcha en una polémica sentencia en la que también ordenó anular, mediante juicios individuales, la nacionalidad de todas las personas nacidas en el país entre 1929 y 2007 de padres extranjeros sin permiso de residencia, afectando a miles de descendientes de haitianos.

Las autoridades dominicanas aseguran que revalidarán la nacionalidad a 55.000 personas con base en una ley aprobada en 2014 ante la presión internacional contra el fallo del Tribunal.

Para los descendientes de inmigrantes que nunca tuvieron acta de nacimiento, como los hijos de Moncher, el gobierno creó otro programa para inscribirlos como extranjeros y darles la opción de naturalizarse en un plazo de dos años. Cerca de 9.000 personas se inscribieron en ese programa.

El presidente dominicano Danilo Medina aseguró recientemente que “en nuestro país ni hay, ni habrá deportaciones indiscriminadas o colectivas” y el canciller Andrés Navarro explicó esta semana que cada caso será analizado de forma individual antes de proceder a la repatriación. Para ello el gobierno habilitó un centro de detención para verificar el estatus de los inmigrantes antes de deportarlos.

“No me puedo quedar más”, dijo Miguelle Saint Juste, un albañil haitiano de 28 años, mientras junto a su esposa Simonne y sus hijas de cuatro, tres y dos años esperaba en Santo Domingo un vehículo provisto por el gobierno dominicano para llevar a la frontera a quienes quisieran ser repatriados voluntariamente.

Pese a haberse inscrito en el programa para legalizar su estatus, Saint Juste decidió regresar a Haití porque es consciente que no podrá reunir todos los documentos en el plazo previsto. “Es difícil, se gasta mucho dinero y no se consigue papeles”, explica mientras carga hacia el auto uno por uno los siete bultos y una televisión que conforman su mudanza.

Las repatriaciones voluntarias y eventuales deportaciones generaron una nueva crisis entre los dos países que comparten la isla La Hipaniola y una larga historia de tensiones políticas y comerciales, y de generaciones de haitianos que han cruzado a República Dominicana a desempeñar trabajos de baja remuneración en la agricultura o la construcción.

También han enfrentado discriminación y periódicas represiones.

El primer ministro haitiano Evans Paul advirtió que la situación creará una crisis humanitaria y aseguró que el 1 de julio 21 personas fueron deportadas, incluidos ocho menores de edad que tenían documentos para permanecer en República Dominicana. La Organización de Estados Americanos celebró dos sesiones extraordinarias de su consejo permanente y envió una misión a ambos países para evaluar la situación.

Para los organismos de derechos humanos, la mayor preocupación es la eventual expatriación de los nacidos en República Dominicana y que por ser hijos de inmigrantes en situación irregular carecen de documentos.

“Esas personas siguen en situación de ser indocumentados, no tienen ningún tipo de nacionalidad al momento”, además de que no conocen Haití y no dominan su lengua, explicó a la AP Chiara Ligouri, investigadora de Amnistía Internacional en el Caribe.

La organización aseguró que en una visita de dos semanas a bateyes, comunidades dentro de cañaverales con alta presencia de haitianos y sus descendientes, encontró más de 100 casos de personas que carecen de acta de nacimiento.

Como sólo cerca de 9.000 personas sin acta de nacimiento se inscribieron en el plan que les permitirían naturalizarse dominicanos, el ministro de Interior y encargado del proyecto, Ramón Fadul, reconoce que puede haber más, pero se pregunta: “¿dónde están?”

“Que simplemente este gobierno tome una camioneta y se vaya unos días a los bateyes, donde hay muchísimas” personas que no tienen ningún documento, comentó Robin Guittard, encargado de campañas de Amnistía Internacional para el Caribe.

“Hay muchísimos, la verdad que sí, pero se niega la existencia de esta gente”. bres peludos de mediana edad y aquellos que han c