POR BERNARDO VEGA

Cada mes de marzo, cumpliendo con lo establecido por una ley norteamericana, la Oficina de Democracia y de Derechos Humanos y Laborales del Departamento de Estado publica un reporte sobre la situación de democracia y de derechos en cada país del mundo, excepto, por supuesto, en los propios Estados Unidos.

Me encontraba de viaje este pasado marzo cuando salió el reporte cubriendo el año 2006. Cada año las agencias noticiosas, desde Washington envían a los periódicos de cada país los párrafos que conciernen a esa nación, los cuales, en marzo pasado tuvieron bastante despliegue en nuestros medios. Nuestros periodistas no se ocupan de leer el texto completo del reporte. Los portavoces de nuestro gobierno arremetieron contra ese reporte, cometiendo el error de leer tan sólo el resumen del reporte del 2006 que enviaron las agencias sobre República Dominicana, lo que implica que hicieron un análisis estático. Si hubiesen comparado ese reporte con el de cualquier año anterior, como el del 2001, por ejemplo, primer año completo del gobierno de Hipólito Mejía, esos encargados de las relaciones públicas del gobierno de Leonel Fernández se habrían dado cuenta que en realidad las críticas del 2006 fueron mucho menores que las del pasado reciente.

Hemos confeccionado un resumen de ambos reportes. Aquí va la comparación. Sea el lector el jurado.

Reporte de la Oficina de Democracia y Derechos Humanos y Laborales del Departamento de Estado sobre la República Dominicana, correspondiente al año 2001.

«Aunque las fuerzas de seguridad generalmente responden a la autoridad civil, hubo ocasiones durante las cuales miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente la Policía Nacional, actuaron independientemente de la autoridad y del control gubernamental. Miembros de la Policía Nacional y en menor grado los militares continuaron cometiendo serios abusos de derechos humanos…

Las actuaciones del gobierno en asuntos de derechos humanos fueron pobres y problemas siguen en vigencia . La Policía cometió asesinatos extrajudiciales. La Policía y, en menor grado los militares, torturaron, golpearon y de otras formas abusaron de los detenidos o prisioneros… La Policía arbitrariamente arrestó y detuvo a sospechosos y a familias de los sospechosos… Miembros de las fuerzas de seguridad del Presidente maltrataron a periodistas y periodistas a veces pusieron en práctica la autocensura. El gobierno restringió el movimiento de y forzosamente deportó a migrantes haitianos y domínico-haitianos… continúan recibiéndose reportes de mano de obra forzosa. Trabajadores de los ingenios azucareros y sus plantaciones continúan trabajando en condiciones de inseguridad… Instituciones locales de derechos humanos han reportado y criticado las redadas de obreros de la construcción haitianos y dominicanos. Los funcionarios alegadamente llevan a grupos de personas de piel negra o que «lucen como haitianos» a edificios vacíos poco después de estos haber recibido su pago, con el propósito de extorsionarlos, quitándoles dinero. En abril las autoridades detuvieron a cientos de haitianos después de una rumor de que algunos jóvenes haitianos habían quemado la bandera dominicana en La Romana. Muchos fueron golpeados y luego deportados y tuvo lugar una ola de violencia generalizada dirigida hacia haitianos. La Policía fue responsable de más de 250 asesinatos extrajudiciales.

Reporte correspondiente al año 2006.

Tuvieron lugar algunos casos en los cuales elementos de las fuerzas de seguridad actuaron independientemente de la autoridad gubernamental. Aunque las actividades del gobierno en asuntos de derechos humanos mejoraron en algo, todavía se mantienen problemas serios: asesinatos fuera de ley, el golpeo y otro tipo de abusos de sospechosos y de detenidos, así como de prisioneros… El nuevo Jefe de la Policía puso en ejecución cambios que disminuyeron el nivel de asesinatos y de otros abusos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad. En algunos casos sometió a la justicia a aquellos sospechosos de haber actuado incorrectamente. La puesta en ejecución, en forma continua, del nuevo Código de Procedimiento Criminal proveyó a los detenidos de protección adicional, del proceso adecuado y de mejoras con relación a los derechos de los detenidos… Las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas en muchos asesinatos que fueron ilegales, innecesarios o que involucraron el uso excesivo de la fuerza. De acuerdo a la oficina del Procuradora General de la República, las fuerzas de seguridad mataron 365 personas durante el año, una reducción de un 36% con relación al 2005. Esa oficina declaró que la mayoría (298) de estas muertes resultaron «de un intercambio de tiros» en el momento del arresto, lo cual obligó a que los oficiales actuaran en defensa propia… El nuevo Jefe de la Policía llevó a cabo cambios que disminuyeron el nivel de asesinatos y otras formas de abuso llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad. Como resultado, las autoridades investigaron a muchos de aquellos de quienes se sospechaba que habían actuado mal y los suspendió de sus obligaciones y en algunos casos los sometió a la justicia… La Policía Nacional respondió en forma más transparente y efectiva a los alegatos de mala conducta por parte de la Policía con relación a años anteriores… En un nuevo currículum de la Policía, tanto los oficiales nuevos como viejos recibieron entrenamientos sobre el tema de los derechos humanos de los civiles, así como un incremento en el entrenamiento técnico… Existe una industria activa privada de grabación de conversaciones.

ONGs alegan corrupción entre militares y oficiales de migración estacionados en los puestos fronterizos y afirmaron que esos oficiales a veces facilitan el trámite ilegal de obreros haitianos hacia el país. En enero las autoridades sometieron a la justicia a siete oficiales militares acusados de aceptar sobornos para permitir la entrada de haitianos, 24 de los cuales murieron asfixiados mientras eran llevados de contrabando en un camión.

Los directores de periódicos a veces ponen en ejecución la autocensura, particularmente cuando la noticia puede afectar adversamente los intereses políticos y económicos de los dueños de los medios. Esta tendencia fue particularmente evidente al reportarse los juicios resultantes de los grandes fraudes bancarios del 2003 ya que los bancos y las familias de los banqueros son dueños de prominentes periódicos.