Que la Procuraduría General de la República investigue aspectos del proceso Odebrecht por instrucciones del Juez que maneja el caso, es, a los ojos de un profano, una herejía.
Es como si las palomas les disparan a las escopetas.
La labor del Ministerio Público es investigar en todas sus consecuencias, en todas sus vertientes, hasta intentar determinar la verdad de los hechos ilegales cometidos por personas o grupos.
Una vez reunidas las pruebas, presentarlas dentro de los plazos legales ante el o los jueces que deben establecer la culpabilidad o la inocencia de los acusados.
El andamiaje legal de la nación gira en torno a la presunción de inocencia, pero para que la presunción de inocencia sea un principio aceptado y respetado, debe haber independencia en el poder judicial.
Esa independencia comienza en la investigación de la acusación que debe mover la acción de la parte de la justicia, cuyo deber es iniciar las pesquisas que permitan determinar que ha lugar a la persecución judicial.
Una vez determinado que ha lugar, el Ministerio Público debe investigar a profundidad, sin privilegios, sin exclusiones pecaminosas, sin inclusiones malsanas, interesadas, retorcidas, a fin de que la presentación del caso ante los jueces correspondientes permita que la opinión pública entienda, acepte, que en el caso se ha respetado el debido proceso de ley, sin que ninguna de las partes, Ministerio Público-jueces, se imponga como si se tratase de un pugilato que no beneficia el derecho de los acusados a ser considerados inocentes, hasta prueba en contrario.
Esas pruebas deben estar rodeadas de toda la independencia, sobriedad, seriedad, despojadas de cualquier tipo de dudas sobre su procedencia, sobre su idoneidad.
El papel del Ministerio Público es, pues, independiente del ministerio del juez. Mientras uno prepara, busca, hurga hasta dar con los documentos y testimonios que le permiten acusar con independencia y seriedad, con profundidad y verdad, el otro tiene como misión la administración de la Constitución y las leyes, sin distingos de raza, religión, condición económica, prestancia social, riquezas.
Si se entremezclan una y otra labor se le presta un mal servicio a la respetabilidad que debe rodear cualquier acusación que persiga castigar un delito.
Cuando se confunde el rol del Ministerio Público y se lo convierte en subalterno del juez, la distorsión es tan grave que quebranta profundamente, de modo irrecuperable, la credibilidad.

Lo más grave: ellos mismos se atreven a informar cómo sirven a intereses políticos partidarios a través de la distorsión de los roles de fiscales y jueces.

Lo de Odebretch, tiene un mal olor a juicio político.