Hay que apoyar esa lucha

Este país ha ocupado posiciones cimeras en índices locales y foráneos sobre corrupción y prácticas asociadas. Algunos políticos del patio, en época de caza de simpatías, le han asignado cifras impresionantes a los costos económicos y morales originados por el peculado. Por mucho tiempo, la sociedad ha demandado hacerle frente a este flagelo, y la autoridad ha respondido con una actitud consustancial de la corrupción misma: escurrir el bulto, y cuando no, justificar actos reñidos con la moral.

Sin embargo, ahora parece abrirse una brecha a través de la cual pueda calar el anhelo de la sociedad por una moralización del Estado. El Procurador General, Francisco Domínguez Brito, que fue el invitado este miércoles al almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, ha proclamado que su compromiso de combatir la corrupción está por encima de los intereses políticos.

Un buen síntoma es que importantes grupos de la sociedad se han volcado en apoyo del Procurador en momentos en que sectores lo cuestionan. El espaldarazo es para que siga adelante las investigaciones que realiza por fortunas que él supone mal habidas. Este respaldo crece día a día y parece un indicador de que la sociedad se siente hastiada por la corrupción y el clientelismo con cargo al erario, por el peculado y todas las prácticas que degradan la confianza en nuestras instituciones públicas.

BLINDEMOS LA CONSTITUCIÓN

En esta fecha se cumplen 170 años de que fue votada la primera Constitución del país. La conmemoración se produce en momentos en que a algunas mentes les seduce la idea de modificar la que fuera votada el 21 de enero de 2010 para hacer un nuevo traje a la medida de algunas apetencias políticas. También coincide con un momento crucial, en que un organismo regional se arroga la facultad de ofender nuestra soberanía pretendiendo un desajuste del andamiaje jurídico que traza las pautas para que un extranjero pueda obtener la nacionalidad dominicana.

El rechazo de la sentencia de la CIDH debería inspirarnos para defender sin miramientos nuestra Constitución, y así como rechazamos hacer los cambios que esa corte pretende, blindarla también contra las eventuales modificaciones que promueven grupos que pretenden acomodarla a sus apetitos políticos.