El Gobierno tiene que dedicar sus mejores esfuerzos para hacer valer las reglas de competencia y aplicar el peso de la ley a quienes perjudican al fisco, a los consumidores y a las firmas legalmente establecidas. La adulteración de productos, el contrabando, la evasión de impuestos y la competencia desleal basada en las ventajas derivadas de esas prácticas malsanas, está perjudicando a los consumidores y a las empresas formales que se han acogido a las reglas de juego.

Se trata de una situación que motiva alarma en influyentes núcleos empresariales, como la Asociación de Industrias de la República Dominicana, que perciben impotentes los efectos devastadores que las señaladas prácticas están ocasionando a todos en general. Hay un mercado informal que además de los perjuicios señalados, promueve la exclusión de miles de trabajadores que no cuentan con los beneficios de la seguridad social y otras prestaciones.

La libertad de empresa no puede significar libertinaje. La competencia comercial es desleal cuando se practica sobre la base de ventajas y posición dominante basada en ilegalidades como la falsificación de productos, el contrabando y la evasión fiscal y la falta de compromiso con la calidad. El Gobierno tiene que reaccionar para hacer valer las reglas que sustentan la libertad de empresa y la justa competencia.

NUESTRO ARCAICO TRANSPORTE

Este diario se pronunció hace poco sobre la necesidad de diseñar reglas para regular el transporte, que en nuestro país está basado en un sistema arcaico, costoso y de pobre eficiencia. Ahora reafirmamos esos conceptos para respaldar el reclamo del sector económico representado en Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), de que el país inicie un proceso real e integral de renovación del sistema de transporte.

No hay manera de concebir el desarrollo económico sin transporte regulado y eficiente, competitivo y de costo razonable. En el caso de nuestro país, este servicio se impone desde posiciones dominantes de grupos que no respetan la libre competencia y perjudican la competitividad. Es necesario concebir una ley que regule este servicio y que garantice un libre juego de la oferta y la demanda, como tiene que ser.