Justo cuando la tendencia de los países del mundo apunta hacia el afianzamiento de formas de integración y respeto mutuo, el  poder fáctico desafía desde Honduras la constitucionalidad y la decisión democrática del pueblo de ese país. El golpismo, amparado en la mentira y el sofisma, persiste en usurpar un poder que está lejos de corresponderle y plantea una forma inadmisible y repudiable de alternabilidad, no solo para el pueblo hondureño, sino para el orden global que han venido estableciendo los pueblos del mundo. El repudio del mundo ante estos hechos deja claro que la afrenta del golpismo desborda la institucionalidad de Honduras y sienta, en estos tiempos, un precedente que hay que desmontar a toda costa.

El nuevo estado de cosas en Honduras plantea una ruptura con las directrices de diversos esquemas de integración. El aislamiento del poder fáctico establecido es una condición inevitable en estos momentos, aunque, también inevitablemente, representará un tormento para el pueblo hondureño. En circunstancias felizmente superadas por la región, una afrenta de este tipo hubiese colocado entre las opciones viables el odioso mecanismo de fuerza de  la intervención directa para reponer el Gobierno democráticamente elegido. El mundo está ante un precedente que debe ser desmontado a como dé lugar para hacerlo irrepetible.

Desplazamiento de mano de obra

Las autoridades laborales del país están en el deber de proteger la mano de obra dominicana del desplazamiento y la desvalorización  del salario que está provocando la contratación de extranjeros generalmente indocumentados, entre los que son mayoría los haitianos. Debe ser atendida una queja que en este sentido ha sido elevada por la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción, que acusa de la situación a grupos empresariales.

El desplazamiento de mano de obra dominicana por extranjera, especialmente si esta última es indocumentada, es una realidad que está teniendo consecuencias dramáticas en la agricultura, la construcción y otras actividades  principalmente. La mano de obra extranjera e indocumentada se somete a condiciones laborales muy distintas a la mano de obra local, en perjuicio  de los niveles salariales  y prestaciones tan importantes  como la seguridad social. Hay que remediar esa situación.