Hay tela por donde cortar en gastos tributarios

Hay tela por donde cortar en gastos tributarios

Es improcedente que un país con una estructura fiscal donde la presión tributaria es apenas equivalente al 14% del PIB (una de las más bajas de la región), con un gasto total de 17.5% del PIB, cuando en la región en promedio es de 21.5% del PIB, con muchas limitaciones y necesidades, como ahora el país acaba de descubrir en el sistema de salud, nos demos el lujo de contar con un gasto tributario que casi equivale a la mitad de la presión tributaria.

El gasto tributario no es más que los recursos dejados de percibir por el fisco originado en un tratamiento especial, diferenciado de la ley tributaria, a determinados sectores o regiones sobre la base de exenciones, deducciones, créditos o pagos diferidos.

La Ley de Presupuesto (No. 423-06) establece que el Ministerio de Hacienda debe presentar, conjuntamente con el Presupuesto General del Estado, una estimación de los gastos tributarios, el cual es preparado por una comisión interinstitucional coordinada por la Dirección General de Política y Legislación Tributaria e integrada por las oficinas recaudadoras (DGA y DGII) y el Ministerio de Economía

Existen exenciones para una serie de leyes tributarias, como el Impuesto sobre la Renta, impuestos a las importaciones, Itbis, selectivo al consumo y a los hidrocarburos y hay exenciones tributarias a sectores como las zonas francas, turismo, frontera, fuentes renovables de energía, competitividad industrial, cadena textil y calzados, etc.

Los gastos tributarios como proporción del PIB han aumentado y mientras en 2013, para no ir más atrás, significaron RD$147,188 millones, equivalente al 5.9% del PIB, en 2014 aumentaron a RD$181,455 millones (6.6% del PIB) y el proyecto de presupuesto para 2015 contempla gastos tributarios por un monto de RD$201,751 millones, equivalente al 6.7% del PIB.

¿Cómo se distribuyen esos gastos tributarios?

Las exenciones al Itbis ocupan el primer lugar con 3.2% del PIB y 47.7% de los gastos tributarios. Luego siguen las exenciones a los hidrocarburos, equivalentes a 0.9% del PIB y representan el 14% de los gastos tributarios, las exenciones al Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto sobre la Renta representan el 0.8% cada uno, las exenciones al arancel el 0.6% del PIB (9.2%) y otros impuestos más los selectivos al consumo equivalen al 0.3% del PIB.

Los gastos tributarios o exenciones impositivas para 2015 son equivalentes al 6.7% del PIB, que con una presión tributaria de apenas 14%, representa un 47%, casi la mitad, mientras la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12) establecía una meta de presión tributaria del 16% del PIB para 2015 y sin embargo el estimado del proyecto de presupuesto lo sitúa en 14.3% por debajo de esa meta y cada vez estaremos más distantes de las metas de la END si seguimos con este sistema tributario.

¿Cuántos de esos gastos tributarios realmente benefician la actividad económica? Justamente por eso desde el segundo acuerdo stand-by con el FMI, se planteaba la necesidad de “racionalizar las exenciones fiscales basadas en los análisis costo-beneficio que realice la nueva unidad creada para este propósito en el Ministerio de Hacienda”.

En la Estrategia Nacional de Desarrollo el Gobierno se compromete a llevar a cabo un pacto fiscal en un plazo no mayor a tres años en el cual, entre otras medidas, “se consolide en un Título del Código Tributario los regímenes de incentivos, a los fines establecer una política coherente y sostenible de incentivos y fomento a las actividades productivas que contribuya a fortalecer los eslabonamientos intersectoriales y el desarrollo territorial, fomentar la innovación y la competitividad sistémica, generar empleo decente y atraer inversión hacia actividades que aporten un mayor escalamiento en la cadena de valor”

El camino lo señala la END, un Pacto Fiscal, para un nuevo sistema impositivo, más equitativo, simple y que garantice un aumento sostenido de la presión tributaria. Y justamente en los gastos tributarios hay mucha tela donde cortar en materia de exenciones que no cumplen con su cometido y que al eliminarlas se contribuye a incrementar la recaudaciones.

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