La sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en fecha 2 de septiembre que envía al Tribunal Superior Electoral revisar la decisión del 22 de marzo de 2018, obligando la celebración de una convención y disuelve las modificaciones estatutarias de corte autoritario en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) tiene su intra-historia. Acuerdos políticos, entendimientos indecorosos, cobro de cuotas por asientos en el alto tribunal y deseos de salvar a Miguel Vargas Maldonado.
No podemos olvidar que la composición del actual estamento constitucional es el resultado de un pacto político. Por eso, tres dirigentes asociados al sector que administra las siglas del partido blanco actúan como mensajeros de oficio. De ahí un activismo que, aún solicitándole su inhibición por lazos públicos con Vargas Maldonado, decidieron actuar. Afortunadamente, la gente sensata y decente juzga. Y háganlo como ejercicio ético elemental: la esposa de Ray Guevara es empleada de la Cancillería con un singular salario de 230 mil pesos mensuales y los hijos de Gómez Bergés y Díaz Filpo pertenecen a la corriente que administra las siglas del PRD. En un escenario con esas características, el sentido común indicaba su distanciamiento del proceso. Sin tapujos decidieron proteger a su amo político. Así se desnudaron frente a la sociedad.
La lectura es muy simple para los que apostamos a una nación decente donde el brazo de la política no derrumbe normas institucionales. Y en el país, el verdadero desafío reside en cerrarles los espacios a políticos que deambulan sin posibilidades electorales, pero anhelan secuestrar los mecanismos decisorios. En el terreno práctico, el último estamento de sobrevivencia partidaria que tiene Vargas Maldonado está reducido al de sus influencias en el Tribunal Constitucional. Por eso, al no tener la menor posibilidad de ganar procesos internos acude a un escenario “confiable” para continuar caricaturizando el referente de organización histórica con 79 años de vida. Lo irónico es que su principal dirigente, totalmente impugnado en la sociedad con77% de rechazo, se aferra al control del aparato porque constituye el único mecanismo de validación en la sociedad.
Las “victorias” jurídicas del sector de Vargas Maldonado se hacen posibles en la medida que la instancia que las dicta exhibe cuotas asociadas a su causa. Sus dificultades en ámbitos donde prevalece el derecho sobre la política resultan obvias. Ahora que su mandato concluyó debido a que su “juramentación” se realizó el 14 de agosto del 2014 y el plazo de ejercicio institucional está definido por la nueva ley de partidos y el estatuto interno, el Tribunal Constitucional “devuelve” el proceso de competencia para protegerlo frente a la ira que genera someterse al escrutinio democrático.
Afortunadamente, el Tribunal Superior Electoral dictó la sentencia del 22 de marzo, 4 votos a favor y 1 contrario. Es decir, esos magistrados, ampliamente establecieron razones jurídicas, y siendo el estamento de mayor jerarquía electoral sus decisiones están fundamentadas en el artículo 214 de la Constitución. La norma es que existen todos los elementos jurídicos para confirmar su decisión, en el marco de un proceso de revisión. De antemano, imagino las presiones, teclas a tocar, intrigas de toda índole, insinuaciones de señas del poder y la inversión mediática de plumíferos de todo calibre para diseminar la idea de que enviar al TSE representa la oficialización de entrega de las siglas a un político muy singular: siempre rehúye la competencia democrática.
Los jueces podrían mal creer que la valoración de su integridad se circunscribe a la evaluación que hace la ciudadanía por su intervención en las sentencias que emiten. Y no es así. Más allá de la opinión jurídica, la sociedad se mantiene atenta frente a cualquier desnaturalización revestida de “decisión” legal que impulsada por intereses perversos tienden a degradar los procesos. ¿Acaso no genera sospecha que sea la primera vez que el TC envíe a revisar una decisión al TSE?
¡ Aquí todo se sabe!