Llennis Jiménez 
Ciento sesenta y un hombres sometidos a la justicia el año pasado en San Cristóbal por feminicidios y ejercer violencia de género contra sus parejas y exparejas solicitaron servicios judiciales pagados por el Estado, alegando un nivel de pobreza que les impedía contratar a un abogado privado.
Esta cifra elevó a 1,200 los procesos que entraron a la Defensoría Pública en San Cristóbal y desbordó su presupuesto, lo que provoca que un defensor público se vea obligado a manejar entre 350 y 400 expedientes al mismo tiempo.
La coordinadora de la Oficina de Defensa Pública de San Cristóbal y de todo ese distrito judicial, Rosa Linares Tavárez, dijo que en el último trimestre hubo una baja en el número de casos de agresión a mujeres.
Manifestó que el tipo penal que más abunda es por droga. El año pasado registraron 304 casos, seguidos de robo, con 294 solicitudes. Cada defensor debe conocer medida de coerción, audiencia preliminar, juicio de fondo, recurso de apelación, casación y trasladarse a otros departamentos por casos especiales, como juzgados de paz, tribunales de tránsito. “Como la institución está en crisis y tiene déficit de personal, en enero pasado dejó de darle el servicio a tránsito”, dijo Linares Tavárez.
